Segundo: que el personal interino o temporal de cualquier cuerpo y escala o categoría que desarrolla tareas de carácter estructural y que no se vea afectada por los procesos de consolidación de empleo hasta la firma del acuerdo, vea garantizada su continuidad en el mismo.

Tercero: que se estudien las modificaciones del Texto Refundido de la Ley Valenciana de la Función Pública que pudiera afectar al personal interino y temporal valorándose el mérito y la capacidad demostrada a lo largo de los años.

Cuarto: La Oferta de Empleo Público vigente deberá convocase y deberá ser coherente con este objetivo de consolidación de empleo, al igual que deberá asegurarse el proceso de traslados para los funcionarios de carrera.

La Administración reconoce una tasa de precariedad laboral en la Administración general del 30%, lo que supone alrededor de 4.500 funcionarios interinos o personal laboral no fijo. Esta cifra puede alcanzar el 60% en la Administración sanitaria, el 40% en la enseñanza y el 50% del Servef. Todo ello, contemplado de una forma conjunta constituye una tasa muy alta de empleados en situación laboral precaria, que podría alcanzar según nuestros datos a 20.000 empleados de la Administración autonómica.

No estamos en contra ni de los concursos de traslados para los funcionarios, ni de que se aplique la legislación de acceso a la función pública, ni de que que la convocatoria sea transparente, sino en contra de que se consolide la precariedad en la Administración. Esta situación es fruto de la ausencia de ofertas públicas de empleo y oposiciones durante muchos años y ha conducido al planteamiento de diversas realidades que tienen que ser tenidas en cuenta:

La media de años de interinidad ha subido mucho, rondando los 10-15 años.

La media de edad del colectivo de interinos es, a su vez, bastante elevada, por encima de los 40 años.

Las obligaciones familiares que tiene la mayoría de los integrantes del colectivo. Como se ha perpetuado la eventualidad y la búsqueda de empleo en el sector privado para profesionales de la Administración pública es muy compleja, se ha llegado a la situación de que la continuidad en el puesto de trabajo eventual es la opción real de "supervivencia del núcleo familiar".

Consideramos que se nos debe reconocer el trabajo desarrollado a la hora de consolidar nuestra situación laboral. La gran mayoría de nosotros y nosotras hemos dedicado muchos años de nuestra vida a este trabajo; nuestra situación vital, personal y familiar ha cambiado a los largo de estos años y esa situación debe valorarse a la hora de convocar las oposiciones. Consideramos que debe haber un reconocimiento al trabajo desarrollado, a las situaciones personales que se crean y al derecho que nos asiste constitucionalmente a tener un trabajo en el que hemos demostrado nuestra valía y en el que muchos de nosotros nos hemos formado profesionalmente. Esta formación resultaría muy difícil de reciclar en otro trabajo fuera de la Administración, a la vez que supone un capital innegable para la propia Administración, capital humano que se perdería en caso de sustituirnos.

Por estas razones y porque tenemos ciertos derechos como trabajadores (equiparables a los de los trabajadores de la Ford que reclaman estabilidad laboral y contratos indefinidos), solicitamos la posibilidad de acceder a la estabilidad en nuestras vidas laborales.

Hay que erradicar la precariedad de la contratación laboral en la Administración autonómica valenciana, pero ello no mediante la herramienta única de la convocatoria de oposiciones, sino junto con un proceso de consolidación del empleo precario en empleo estable, un proceso de punto final a partir del cual se pueda exigir y se haga cumplir la oferta pública de empleo tal y como establece la Ley de Función Pública de la Generalitat Valenciana.

Los sindicatos tienen que tener en cuenta que la defensa de los trabajadores pasa por la defensa de un puesto de trabajo consolidado, y que esa consolidación no se puede realizar tirando a 20.000 "interinos" a la calle y metiendo a otros 20.000 nuevos, esta vez ya "funcionarios" (¿qué defensa ha tenido el trabajador, entonces?), sino acometiendo el mencionado proceso de «punto final» y la exigencia posterior de que se cumpla la normativa en materia de oferta pública de empleo.