Levante, 22/10/2002

El Consell agota la vía legal para no hacer pública la lista de interinos

La Conselleria de Administraciones Públicas ha recurrido el fallo que le obliga a entregar a la junta de personal el listado de interinos y comisiones de servicios. Estos datos permiten conocer quiénes fueron nombrados «a dedo».

Julia Ruiz, Valencia

La Consellera de Justicia y Administraciones Públicas no parece dispuesta a dar un paso adelante hacia la transparencia en su gestión de personal. Los servicios jurídicos de la Generalitat han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la sentencia que obliga a la conselleria a entregar a la Junta de Personal de Servicios Centrales el listado de interinos y personal en comisión de servicios o en adscripción provisional de puestos.

El fallo, del que Levante-EMV informó el pasado sábado, pone en un brete al Ejecutivo valenciano ya que con la información solicitada la junta de personal podría conocer qué interinos han sido nombrados «a dedo» sin pasar, como obliga la ley, por ninguna bolsa de trabajo. Entre los datos solicitados figura el nombre y apellidos del empleado, el puesto que ocupa, y lo que es clave, la vía de acceso a la función pública.

Cabe recordar que la sentencia, dictada por la magistrada sustituta del juzgado de lo contencioso número 7 de Valencia establece que los datos solicitados son de «acceso público» y no viola, como pretendía el Consell, el deber de protección de datos de carácter personal. La jueza estima que la información solicitada por la Junta es básica para que esta ejerza su tarea de control de la gestión de personal de la conselleria.

Sin embargo, la conselleria que dirige Carlos González Cepeda ha opado por agotar la vía legal y hacer uso de su derecho de apelar ante el TSJ-CV. Como mínimo, la Junta de Personal tendrá que esperar medio año al pronunciamiento del alto tribunal.

«Quieren morir matando»

Con todo, el órgano que representa a los funcionarios de servicios centrales de las consellerias está estudiando la posibilidad jurídica de solicitar al ejecución provisional de la sentencia. El presidente de la Junta de Personal, Adel Francés, consideró ayer «vergonzosa» la decisión del Gobierno de recurrir la sentencia porque, indicó, evidencia «su voluntad de obscurantismo». «La dirección general de Función Pública quiere morir matando ante de las elecciones», comentó Francés, quien advirtió al Consell que «le puede salir el tiro por la culata» si el fallo llega en la campaña electoral.