Levante, 10 de agosto de 2002
FUNCIONARIOS INTERINOS Y ELECCIONES AUTONÓMICAS
En la campaña electoral que se avecina uno de los temas que a los ciudadanos
les preocupa, y que va a ser objeto de debate, es la estabilidad en el trabajo.
Los partidos políticos tendrán que pronunciarse sobre los efectos
que la temporalidad produce en los diferentes colectivos de trabajadores y también
en los empleadores.
A los colectivos afectados como nosotros, los funcionarios interinos de la Generalitat
Valenciana, nos interesa que cada partido exprese a partir de ahora su opinión
sobre las soluciones a dar a los 4.500 funcionarios interinos, el 30% de la
plantilla de trabajadores. El problema se agrava día a día, porque
llevamos trabajando sin estabilidad desde hace ya más de 10 años,
sin exámenes para acceder a un puesto de trabajo, y sin derechos tan
elementales como la antigüedad, los trienios, incluso el permiso por maternidad
ha tenido que ser reconocido por un Tribunal, y esto pese a que nuestro acceso
se realizó conforme a las fórmulas establecidas por la ley. Mientras
tanto, crecen nuestras cargas familiares y disminuyen nuestras posibilidades
de incorporarnos a ningún otro tipo de trabajo que no sea la Administración
Pública, por lo que la solución se dirige hacia la consolidación
de los interinos y con el carácter más urgente que sea posible.
Por otra parte, este problema es compartido por muchos ciudadanos que ven cómo
la Administración sí les presiona para que los contratos de sus
trabajadores se ajusten a derecho, en cumplimiento de unos planes de estabilidad
laboral y erradicación de la temporalidad, pero que luego no aplica a
su propia organización. Este incumplimiento de compromisos nos perjudica
a todos, porque la Generalitat Valenciana que sí tiene vocación
de modernizarse, y de hecho ha realizado grandes inversiones en I+D con el fin
de extender las nuevas practicas empresariales a las Pymes valencianas, no puede
funcionar como una empresa del tercer mundo. Se necesita que la Generalitat
actúe con su ejemplo como referente, y se necesita que las competencias
que ha venido asumiendo desde hace 20 años, cuando se creó la
Comunidad Autónoma, no se ejerzan en precario.
La Asociación de Interinos de la Generalitat Valenciana, ante esta situación,
tendrá que concurrir en las próximas elecciones sindicales para
poder sacar adelante esta reivindicación que en Andalucía, por
ejemplo, fue motivo de un sencillo acuerdo entre el Gobierno andaluz, los sindicatos
y la asociación de interinos, ya en 1990 y reiterado en 1994, para lograr
la consolidación de los “interinos estables”.
De momento, nuestra intención es seguir colaborando por una solución.
Hemos pedido al Conseller de Administración Pública, Sr. Cepeda,
su intermediación para ser invitados a las mesas de negociación
que mantiene con los sindicatos (UGT- CCOO, STE y CGT) para la solución
de los problemas que están lastrando actualmente el desarrollo de la
Administración, como son la promoción de los funcionarios de carrera,
y la convocatoria de oposiciones libres. Con la presencia de todas las partes
implicadas en estas reuniones podrán solucionarse, sin demagogia, todas
estas cuestiones.
En realidad, la tarea es bastante sencilla, como están demostrando los
procesos de consolidación en la Administración de Sanidad. Precisamente,
la evidencia de su necesidad ha permitido que las pruebas se realicen aquí,
simultáneamente con las demás Comunidades Autónomas. Pero
dentro de la Comunidad Valenciana otros colectivos de funcionarios han visto
reconocida su situación: los policias Locales, los contratados laborales
convertido en funcionarios, las bolsas de empleo de docencia y sanidad que permiten
la recolocación permanente de sus funcionarios interinos, la negociación
de la consolidación en el ámbito de la Consellería de Justicia.
Todas ellas suman y se suceden en una cadena de regularizaciones selectivas
que, necesariamente, llevan a pensar en la oportunidad de un mecanismo definitivo
que garantice el derecho a la igualdad, y la calidad de unos servicios públicos
que se pauten por las mismas políticas de personal.
El Tribunal Constitucional ha comenzado ha posicionarse en sentido favorable
al reconocimiento de la estabilidad a los interinos. Los agentes políticos
y sindicales pueden y deben, por tanto, llegar a un acuerdo por la estabilidad,
un acuerdo cuyo el radio de efecto alcanzaría a 4500 personas, familias
y allegados. Un número, que obliga a considerar la cuestión.