Levante, 20 de julio de 2002

CARTA AL DIRECTOR

No se sabe si como consecuencia de una planificación muy discutible, o precisamente por la ausencia de la misma, la política de personal desarrollada en los últimos años por la Generalitat Valenciana ha originado una situación que escapa a su propio control. Durante casi una década las necesidades de recursos humanos se han venido cubriendo exclusivamente con personal temporal - vulnerando con ello la Administración tanto sus propias normas como la legislación básica estatal, al haber incumplido sistemáticamente durante ese período de tiempo su obligación de convocar oposiciones- a consecuencia de lo cual el personal con nombramiento interino ha llegado a alcanzar un porcentaje aproximado del 30% del total de los efectivos, formando un numeroso colectivo de unos 4.500 trabajadores.

Tras haber producido esa anómala situación, ahora la Administración pretende, como el Dr. Frankenstein, cargarse al monstruo que ella misma ha creado, para lo cual ha diseñado un sistema cuya apariencia de legitimidad no consigue disimular lo que en realidad supone: el despido libre y sin traumas del citado colectivo. De ninguna otra forma puede interpretarse la redacción que se ha dado a ese respecto al anteproyecto de la nueva de ley de función pública, en el que se pretende, esquemáticamente, que los interinos se presenten de forma obligatoria a las dos convocatorias consecutivas de procesos de ingreso que tengan lugar tras la entrada en vigor de la ley, cesando automáticamente en el puesto si no se supera el segundo de los procesos. Aunque pudiera parecer en una primera lectura que con ello se está dando a los interinos la oportunidad de obtener una plaza, en realidad es todo lo contrario, ya que en dos convocatorias sucesivas no se va a ofertar un número de plazas que alcance siquiera el número de interinos (4.340), con lo cual ya de partida resulta materialmente imposible obtener plaza para este personal, que se iría masivamente a la calle si finalmente la ley entrara en vigor en los términos previstos.

Ante este panorama, los sindicatos no sólo no se van a lanzar a la calle para evitar que pueda llevarse a cabo una vulneración tan flagrante del elemental derecho al trabajo, sino que, siguiendo en su línea habitual, ni siquiera se van a preocupar por mencionarlo. Y es que, como escribía Emili Piera días atrás en su diario "Los sindicatos gestionan las seguridades del segmento laboral más estable en un mundo del trabajo donde los parias son cada día más numerosos". Pues eso. Aunque no era esa su intención, es perfectamente aplicable.