El Mundo, 29/06/02
Se presentan más de 300.000 solicitudes para la prueba que hará fijos a 65.000 interinos
La Oferta Pública de Empleo del Insalud y varias CCAA provoca un alud de peticiones
RAFAEL J. ALVAREZ
MADRID.- Octubre negro para los interinos si las cosas siguen como hoy, un enorme desfase entre los profesionales que quieren examinarse y los puestos de trabajo que habrá. El Sistema Nacional de Salud dispone de 65.000 plazas en todas las categorías, pero a fecha de ayer había presentadas 323.534 solicitudes de prueba.
La Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria, que la Audiencia Nacional
acaba de declarar constitucional, es un invento del difunto Insalud al que se
han ido adheriendo varias comunidades autónomas. Aquella ley anunciada
con satisfacción por la ministra Celia Villalobos en diciembre establece
un periodo de exámenes para consolidar el empleo de una porción
del personal sanitario español que lleva casi dos décadas trabajando
en estado gaseoso, en una interinidad sin opciones de afianzamiento.
Hoy, a cuatro meses de las pruebas que los interinos deberán pasar para
resolver el «problema histórico» del que habla el Ministerio,
hay casi 300.000 personas que creen cumplir los requisitos para integrarse en
el sistema público sanitario, aunque sólo podrán entrar
en él unas 65.000, según datos a los que ha tenido acceso EL MUNDO.
Espectacular
La diferencia más espectacular en términos absolutos es la que
corresponde a lo que durante años se llamó el territorio Insalud,
una extensión de comunidades autónomas cuyas competencias sanitarias
dependieron del Estado central hasta el pasado 1 de enero. En ellas, Asturias,
Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Madrid, Extremadura, Murcia y Baleares, la ley de Villalobos ha dispuesto 37.000
plazas para la consolidación del empleo. Pero el número de solicitudes
presentadas llega a 283.000, ocho veces más.
Aunque la ley se diseñó para estabilizar el trabajo de los profesionales
de las comunidades no transferidas, otros gobiernos autónomos se fueron
sumando, tras el apoyo mayoritario obtenido por el texto en el Parlamento.
Así, comunidades que tenían sus competencias desde hacía
años asumieron el proceso estatal y engordaron la OPE.
El mayor desequilibrio entre solicitudes y plazas se produce en la Comunidad
Valenciana. Allí, 36.298 personas han levantado el dedo para examinarse,
pero sólo tendrán un puesto de trabajo estable 4.543.
En Galicia hay 4.000 plazas para más de 5.000 solicitudes. En concreto,
habrá 2.223 plazas para médicos, 751 para otros profesionales
y faltan unas 1.000 para decidir sobre otras 16 categorías. Sin embargo,
4.236 facultativos y aproximadamente 1.000 profesionales sanitarios ya han advertido
de que quieren acudir al examen de octubre. En Andalucía se ofertan 18.000
puestos, aunque no hay cifras exactas de trabajadores que se quieran presentar.
Canarias es la única comunidad que asumió desde el comienzo el
proceso del Gobierno central, pero que aún no ha aprobado su Oferta Pública
de Empleo.
País Vasco y Navarra apoyaron en su día el proyecto, pero manejan
una fechas distintas e independientes del resto de comunidades.
Por último, Cataluña ni siquiera construye en su territorio una
OPE, por lo que queda fuera del problema de interinidad.
¿Por qué este desfase de cifras? Fuentes del Insalud dicen que
la convocatoria ha sido «abierta» a todos los españoles «para
no incurrir en inconstitucionalidad» y eso ha hecho que muchos trabajadores
se hayan presentado estimando que cumplen con las condiciones necesarias para
acudir al examen.
Sin embargo, lo que fue el brazo gestor del Ministerio de Sanidad en 10 comunidades
autónomas hasta hace seis meses matiza que quienes tienen más
posibilidades de entrar en el sistema para siempre son «aquellos interinos
que llevan muchos años esperando una consolidación de plaza, que
no han tenido la oportunidad de hacer un examen».
Antes de ser declarada constitucional por la Audiencia Nacional, la ley fue
recurrida por 628 personas. Presentaron 171 recursos contencioso-administrativos
y 258 recursos de reposición.
Se basaban en criterios de baremos, en la inexistencia de un concurso de traslado
previo para los médicos de familia, en la puntuación diferenciada
que se obtendrá en función de cada comuniad autónoma y,
en lo que se refiere a urgencias, el hecho de que a los médicos se les
mida por formación y a los enfermeros por experiencia.