Levante, 9/07/2001
Más de 3.500 personas optan a 150 plazas de alto funcionario
El primer ejercicio se celebró ayer con la sombra de la polémica por el tribunal
El primer ejercicio de las oposiciones del grupo A de la Generalitat se celebró ayer a pesar de que el TSJ aún no ha resuelto el recurso de la FSP de UGT que pedía la suspensión de las pruebas.
J. L. Lluesma, Valencia
Más de 3.500 personas realizaron ayer el primer examen de las oposiciones de acceso a las 150 plazas de técnico de Administración General o alto funcionario de la Generalitat Valenciana. Unas pruebas que, precedidas por la polémica, se han iniciado pese al recurso contencioso-administrativo presentado por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En el recurso, el sindicato pedía la suspensión cautelar de la oposición, pues considera que la composición del tribunal, nombrado por el conseller de Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, puede no garantizar la imparcialidad, debido a la existencia de relaciones jerárquicas y familiares entre los miembros de la comisión que pone y corrige el examen y algunos aspirantes a las plazas.
Tal y como ha informado Levante-EMV, la FSP denunció que el presidente del tribunal -el jefe del área jurídica de la Conselleria de Administraciones Públicas, Luis Cuesta- va a examinar a un subordinado suyo y a dos familiares (el hijo y una sobrina) de su superior inmediato, el jefe jurídico de la Generalitat, Fernando Raya, quien, además, da clases privadas a aspirantes de la oposición a funcionarios del grupo A. El sindicato también aludía a la relación directa de servicio entre otros aspirantes y algunos miembros del tribunal.
El primer ejercicio, celebrado ayer, no generó problemas entre los más de 3.500 aspirantes en las tres provincias por tratarse de una prueba tipo test. No obstante, antes de acceder a las aulas del campus dels Tarongers, numerosos aspirantes comentaban en privado las causas de abstención y recusación entre los miembros del tribunal denunciadas por la FSP, según la ley 30/92, que establece como causa tener interés personal, amistad manifiesta o relación de servicio con persona natural o jurídica interesada en el asunto.
El conseller González Cepeda remitió ayer un comunicado en el que afirmaba que, con este primer examen, «se confirma la voluntad del Gobierno valenciano por crear empleo estable en la Administración autonómica», y anunció 13.500 nuevas plazas antes de 2003, aunque no decía nada sobre la polémica designación del tribunal.
Unas oposiciones bajo sospecha
.La sombra de la sospecha ha perseguido a estas oposiciones dese el momento en que se conoció la composición del tribunal. La FSP de UGT presentó un escrito en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el que pedía la suspensión cautelar de la oposición. Sin embargo, el TSJ no admitió esta petición al interpretar que en este caso no se daba la «vía de hecho» para admitir el escrito y no entró a valorar si algunos miembros del tribunal de la oposición debían o no abstenerse. Posteriormente, el sindicato interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ «por inactividad de la Administración», que no se ha pronunciado. Por si fuera poco, el propio conseller frenó, hace una semana, la dimisión de la práctica totalidad de los miembros del tribunal examinador, tras la polémica suscitada.