Amistades, dependencias jerárquicas, relaciones familiares, envidias, vinculaciones entre preparadores y alumnos, interinos de lujo, aspirantes de a pie, presuntos enchufados, intereses personales, sindicales y corporativos, luchas por el control del proceso... Hay de todo. Las oposiciones para ocupar un total de 150 plazas de funcionario del grupo A de la Generalitat, cuya primera prueba se celebrará el domingo, vienen precedidas por la polémica. Una polémica que ha engordado más de lo normal fundamentalmente por el hecho de que se trata de las primeras oposiciones que se celebran en mucho tiempo: desde la llegada del Partido Popular al poder en la Generalitat, en 1995, no se ha convocado ninguna y entre tanto la Administración ha engordardo de forma irregular.

Como consecuencia de ello, la libre designación, la comisión de servicios, la adscripción provisional, la interinidad y otras situaciones especiales han proliferado en todos los escalones de la Administración valenciana. Ocho años sin convocatorias de oposiciones han pemitido que muchos trabajadores que ahora ocupan puestos en esas circunstancias singulares hayan llegado a considerarse como fijos y vean con preocupación todo el proceso, al tener que competir por su puesto con aspirantes de la calle.

En este escenario, no es de extrañar que la composición del tribunal que ha de juzgar las pruebas de los más de 3.000 aspirantes que han sido admitidos haya sido analizada con lupa. Y ello ha propiciado las primeras suspicacias, tanto por las relaciones que los integrantes del tribunal mantienen entre sí, como por los vínculos que algunos de ellos tienen con determinados opositores. Varios de éstos han recurrido la composición del tribunal, que también ha motivado dos iniciativas promovidas por la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT). El sindicato ha instado por dos veces al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano la suspensión cautelar de las oposiciones. El primer recurso del sindicato fue desestimado y el segundo, presentado esta misma semana, aún no ha sido resuelto. La denuncia de UGT revela la existencia de relaciones familiares, de amistad y jerárquicas entre algunos integrantes del tribunal y entre éstos y varios opositores, y detalla una serie de casos por los que considera que varios miembros del jurado calificador deberían abstenerse.

Sin embargo, hasta el momento nadie ha osado decir públicamente que se pueda tratar de unas oposiciones amañadas, aunque en privado sí que se han escuchado comentarios en ese sentido, tanto de fuentes de la Administración conocedoras de los procesos de oposición, como de los sindicatos, que siguen de cerca este caso. Unos y otros coinciden en que el proceso ha sido diseñado para alcanzar un objetivo muy concreto, en referencia a la normalización de los llamados interinos de lujo designados por decisión política en comisión de servicios para ocupar puestos de responsabilidad en la Administración en virtud de un decreto aprobado en marzo de 1999.

Mientras, otras fuentes de la Generalitat restan importancia a las denuncias sindicales en torno al tribunal, defienden la integridad y la imparcialidad de sus integrantes, y ponen de relieve que en el fondo de la polémica subyacen dos cuestiones: un ataque a Fernando Raya Medina, director del Gabinete Jurídico Único de la Generalitat, por una parte, y un intento por parte de la FSP de controlar y administrar el proceso de las oposiciones, por otra.

El caso de Fernando Raya es precisamente uno de los argumentos de UGT. El sindicato destaca la 'dependencia jerárquica' que frente a este alto cargo de la Generalitat mantiene el presidente del tribunal de las oposiciones, Luis Cuesta Gimeno, actual jefe del área jurídica de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. Según el sindicato, Cuesta debería abstenerse ya que entre los aspirantes admitidos figuran un hijo y una sobrina de Raya. Además, UGT insiste en que Raya 'actúa de preparador' de algunos opositores en 'su academia'. Un hecho que es conocido y tolerado a pesar de que causa cierto malestar en medios de la Generalitat, tanto en Presidencia como en la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, que dirige Carlos González Cepeda.

Por otra parte, estas fuentes de la Generalitat destacan que, en su interés de 'dinamitar' el proceso, UGT ha informado de una 'supuesta dimisión en bloque' del tribunal, que un portavoz oficial desmintió ayer de forma rotunda.