El sindicato UGT ha presentado un nuevo recurso contra las pruebas de acceso para cubrir 150 plazas de funcionario de grupo A de la Generalitat, cuya celebración está prevista para el próximo domingo, y ha solicitado la suspensión cautelar del proceso por considerar que existen motivos de abstención por parte de algunos miembros del tribunal. El sindicato revela relaciones familiares, de amistad y jerárquicas entre algunos opositores y miembros del tribunal.

La Federación de Servicios Públicos de UGT ha optado en esta ocasión por un recurso contencioso-administrativo por inactividad de la Administración, con petición de suspensión cautelar, que ha presentado ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En el escrito, el sindicato advierte de que la no atención de su petición de suspensión supondrá la celebración de unas pruebas selectivas en las que 'primarán en ciertos opositores relaciones de amiguismo, de subordinación directa entre examinado y examinador, de relaciones de amistad y subordinación inmediata entre jefe y miembros del tribunal, de preparador superior jerárquico de los componentes del tribunal'. El sindicato ha presentado este recurso después de que el TSJ rechazara hace unos días su petición de 'suspensión cautelarísima' del proceso.

Fuentes del sindicato señalaron ayer que han optado por esta vía al no recibir respuesta del consejero de Administraciones Públicas, Carlos Gonzalez Cepeda, que no ha resuelto los recursos de recusación presentados contra varios miembros del tribunal, entre ellos su presidente, Luis Cuesta Gimeno, actual jefe del área jurídica de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. Cuesta ha sido recusado por algunos de los más de 3.000 aspirantes a ocupar una de las 150 plazas en juego. Además el sindicato señala que cinco de los siete miembros del tribunal ocupan cargos de libre designación en la Administración valenciana, en algunos casos en situación de comisión de servicios que ya ha superado el tope legal de dos años, mientras que uno ni siquiera es funcionario.En su recurso contra las oposiciones para cubrir 150 plazas de funcionario del grupo A de la Generalitat, UGT detalla una serie de casos por los que varios miembros del tribunal deberían abstenerse de participar en el mismo, una vez conocida la lista de aspirantes admitidos. Así, tras mencionar los nombres y cargos de los integrantes del tribunal, con Luis Cuesta como presidente, y de recordar que a principios de este año el Consell aprobó un decreto por el que se disponía la organización 'jerarquizada y centralizada' de todos los gabinetes jurídicos de la Generalitat, al frente de los cuales figura Fernando Raya como director del gabinete jurídico central, el escrito pone de relieve que 'existe una clara relación jerárquica inmediata y dependencia, además de amistad manifiesta', entre Raya y Cuesta. A continuación señala que entre los admitidos figuran Daniel Jesús Raya Calatayud y Eva María Raya Besante, hijo y sobrina de Fernando Raya, que ocupan, respectivamente, los puestos de asesor jurídico en el Sepiva y de técnica de tributos en la dirección territorial de la Consejería de Economía y Hacienda, departamento del que procede Luis Cuesta.

También menciona el caso de otro aspirante admitido, Fernando Castellano Martí, funcionario interino en calidad de asesor jurídico de la Consejería de Justicia Administraciones Públicas, cuyo 'jefe directo e inmediato' es el presidente del tribunal. 'Es palmaria la relación de dependencia y jerarquía entre presidente del tribunal y opositor, además de la amistad', precisa UGT.

Otro de los casos afecta a uno de los vocales del tribunal, Manuel López Estornell, que ocupó cargos de responsabilidad durante el Gobierno socialista y que en la actualidad es el jefe administrativo del ACCID (Alto Consejo Consultivo de I+D), cargo que ocupa en comisión de servicios. López Estornell tiene 'relación de dependencia y jerarquía' con la opositora Elena Bendala Tufanisco, que actualmente trabaja como asesora técnica del ACCID.