Las Provincias, 28/6/2001

Los 25.000 interinos de la Generalitat, obligados a presentarse a oposiciones

Los más de 25.000 interinos que trabajan para el Consell no podrán escoger si presentarse o no a las oposiciones. Sobre las 13.500 plazas que saldrán a concurso regirá la nueva Ley de Función Pública, que fija para ellos como obligatorio el examen.

María Laguna (VALENCIA)

     Los más de 25.000 interinos que ocupan un puesto de trabajo en la Generalitat no tendrán otra salida que la de concurrir a las oposiciones que, para cubrir hasta el 90% de las vacantes, el Gobierno valenciano se ha comprometido a convocar en los años 2002 y 2003.

     Así lo establece, al menos, la nueva Ley de Función Pública que el conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, dibujó sobre la tribuna de las Cortes la primera semana de junio. El borrador de la iniciativa legislativa, que en estos momentos ultima el ejecutivo autonómico, incluye, en el apartado dedicado a los sistemas de acceso al empleo público, la obligatoriedad para el personal temporal de concurrir a todos los procesos selectivos que se convoquen. Si no se presentan o suspenden saldrán de la bolsa de trabajo y cesarán en la plaza que ocupen.

     Dado que el acuerdo sellado entre la Administración y las centrales sindicales establece que habrá oposiciones en 2001, 2002 y 2003 y que el ejecutivo Zaplana tiene la intención de que la ley esté aprobada en 2002, parece claro que las ofertas públicas de empleo que está previsto sacar adelante se rijan por la nueva ley y, por tanto, empuja a los interinos -esté su plaza o no en el listado de las que saldrán a concurso-oposición- a pasar los preceptivos exámenes para conservar su empleo.

     Mientras tanto, los partidos de la oposición, PSPV y Esquerra Unida, acusaron ayer al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, de haber "engañado'' a los interinos y de crearles "falsas expectativas'' por haber anunciado que se plantearía una vía especial de acceso a la función pública para este colectivo. También censuraron que el acuerdo suscrito en la Mesa General de Negociación con CC.OO, UGT, CSI-CSIF y CEMSATSE se limita a convocar los concursos de traslado y oposición "pendientes desde hace años''.

     El conseller González Cepeda no tardó en darles la réplica. Calificó de "miopía política grave'' la actitud de la oposición, y sostuvo que con el acuerdo sellado el martes con los sindicatos se resuelve el problema de la precariedad sin soslayar la Constitución