Las Provincias, 25/06/2001
Los interinos de la Generalidad Valenciana exigen que se acabe con la precariedad laboral
EP (VALENCIA)
La Asociación de Interinos de la Generalitat Valenciana
(IGEVA) solicita una "solución excepcional'' para acabar con el "altísimo
porcentaje de interinidad y situaciones de precariedad laboral'' que hay en la
Administración, que en cualquier caso "no debe ir en contra del colectivo de
funcionarios fijos de carrera, cuyos derechos han de tenerse en cuenta y protegerse'',
según informaron fuentes de la asociación a través de un comunicado.
En este sentido, la asociación señala que el colectivo de
interinos "no desea enfrentamientos ni malos entendidos con los compañeros
funcionarios fijos'', y dice que éstos, "son los primeros que están sufriendo las
consecuencias de una falta de planificación de los Recursos Humanos en la Administración
y de una mala gestión de la Generalitat''.
IGEVA hace hincapié en la "gravedad'' del problema de
la interinidad en la Administración, que ha sido reconocido por el Síndic de Greuges, y
que "responde a una situación excepcional que requiere urgentemente una solución
excepcional'', aseguran. No obstante, afirman que, "ante la situación creada, los
interinos tenemos muy claro que no debemos, ni queremos, entorpecer en ningún momento la
carrera administrativa de los fijos, ni el disfrute de ninguno de los derechos que les
correspondan''. Así, afirman que el proceso de regularización que se adopte, "no
podrá descuidar este aspecto''.
La asociación afirma que "el problema de personal que
la Administración autonómica ha ido creando a lo largo de los años al incumplir
sistemáticamente la Ley de la Función Pública afecta a tres colectivos diferentes con
derechos que deben respetarse: fijos, interinos y quienes no trabajan en la Generalitat
pero desean acceder al empleo público''.
Así, aseguran que con la solución que propugnan para
acabar con la interinidad no quieren "avasallar a los otros colectivos implicados en
el problema'', ni "pasar por encima de nadie ni tomar nada que no nos corresponda''.
Lo único que pretende, afirman, es "que se respeten nuestros derechos''.
La asociación señala que el número de trabajadores en
situación de precariedad laboral en la Administración autonómica asciende a 25.000
personas.