Levante, 24/06/2001

GENERALITAT

Una oferta poco pública

Las dudas se ciernen sobre las oposiciones a altos funcionarios

Tres mil personas están pendientes del examen para acceder a unas 200 plazas de altos funcionarios de la Generalitat convocadas tras seis años de congelación de ofertas de empleo. A dos semanas de la prueba las dudas permanecen. Un jurado recusado, un alto cargo que prepara opositores y la existencia relaciones jerárquicas y familiares son las claves de la polémica.

Julia Ruiz, Valencia

A falta de dos semanas de la fecha fijada para el primer examen de las pruebas de acceso al grupo A de la Administración de la Generalitat -el nivel más alto del escalafón funcionarial- negros nubarrones se ciernen sobre estas oposiciones. Después de seis años de espera y dos desde que el Consell acordó sacar a oferta pública las alrededor de 200 plazas que están en juego, las dudas sobre el proceso son cada vez mayores.

Un tribunal en precario y recusado por varios opositores; un alto cargo que prepara en privado a aspirantes; relaciones de jerarquía e incluso familiares entre unos y otros; y una conselleria que no toma partido son los mimbres que han motivado que ya desde las filas del PSPV y EU se empiece a hablar de posible «pucherazo» y se teman impugnaciones que den al traste con tan esperadas oposiciones.

Con independencia de la inclusión entre la lista de admitidos de familiares de altos cargos y dirigentes del PP o de interinos que ocupan «a dedo» desde hace años puestos de lujo en el entramado administrativo, la polémica se centra en las garantías que ofrece el tribunal designado por el conseller de Admistraciones Públicas. Empezando por su propio presidente, un alto funcionario en comisión de servicios caducada y que pese a ofrecer su dimisión se enroca en su nombramiento con el aval del conseller del ramo, Carlos González Cepeda.

Tal como ha venido informando Levante-EMV, la presidencia del jurado ha recaído en Luis Cuesta, un funcionario ocupa «a dedo» el puesto de jefe de área jurídica de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Su continuidad está hoy por hoy en el aire dado que sobre él penden varias recusaciones aún sin resolver al menos de forma oficial. De un lado, entre los aspirantes figura uno de sus subordinados en la conselleria, Fernando Castellano, a la sazón, allegado al conseller de Sanidad, Serafín Castellano. Varias normas -incluida una que redactó el propio Cuesta en 1992- consideran causa de exclusión para los miembros del tribunal que exista con los interesados en las pruebas dependencia jerárquica o relación de servicio. De otro lado, Cuesta examinará a dos familiares de su superior; el jefe del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Fernando Raya. Éste conforma otro de los puntos oscuros del proceso. Raya, al margen de su cargo público, prepara aspirantes al proceso en un despacho en la calle Avellanas, pese a que la ley de incompatibilidades prohíbe a los altos cargos este tipo de actividades privadas. No sólo alumnos suyos serán evaluados por su subordinado sino su hijo y su sobrina que también aspiran a plaza.

En situación similar se haya uno de los vocales, Jesús Emilio Torrejón, jefe del área jurídica de Presidencia por libre designación y quien orgánicamente también depende de Fernando Raya. Cuestionable es también que otro vocal, Manuel López Estornell, jefe administrativo de Accid, evalúe a una de sus subordinadas en el departamento, Elena Bendola.

A excepción del representante de los sindicatos y un abogado del Estado que integra el jurado, son también funcionarios en puestos de libre designación y/o comisión de servicio caducada. Los escasos funcionarios por concurso son suplentes. Se echa de menos en el tribunal, un catedrático en derecho y en economía.