Levante, 22/06/2001
ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA
El jefe jurídico del Consell forma opositores aunque la ley se lo impide como alto cargo
El puesto que ocupa Fernando Raya tiene consideración de director general «a todos los efectos», según el decreto de su nombramiento, aprobado en 1983
Julia Ruiz, Valencia
La ley 12/1995 de 11 de mayo sobre incompatibilidad de los miembros del Gobierno y altos cargos impide a éstos, incluido al jefe del gabinete jurídico de la Generalitat, Fernando Raya, compatibilizar su actividad pública «con el desempeño, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, y, asimismo, percibir cualquier otra remuneración (...) que directa o indirectamente provenga de una actividad privada».
La ley sólo prevé tres excepciones, siempre que con su ejercicio «no se comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su función». A saber: la administración de su patrimonio personal; la participación en entidades benéficas sin ánimo de lucro, y «las actividades de producción y creación literaria, artística, científica o técnica (...) así como la colaboración o asistencia ocasional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o prestación de servicios».
Tal como adelantó ayer Levante-EMV, el jefe del gabinete jurídico de la Generalitat, Fernando Raya, da clases en la actualidad a opositores, entre ellos a aspirantes a las cerca de doscientas plazas de funcionarios de la Administración General del grupo A que han sido convocadas por el Gobierno valenciano. Sin embargo, Raya tiene la condición de alto cargo, por lo que, al menos sobre el papel, le es de aplicación el régimen de incompatibilidades. En concreto, Raya está asimilado a director general «a todos los efectos», según consta en el decreto del Gobierno valenciano de 1983 por el que se le nombró jefe del gabinete jurídico de la Generalitat. Casi veinte años después, su situación dentro del Consell no ha cambiado, ya que cuando el PP se hizo con el Gobierno de la Generalitat decidió mantenerle en su puesto.