Levante, 20/06/2001
GENERALITAT
Cuesta redactó la orden que invalida su pertenencia a un tribunal de oposiciones
Incertidumbre entre los opositores al grupo A por la recusación del presidente de la prueba
Julia Ruiz, Valencia
El jefe del área jurídica de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y presidente del tribunal de las oposiciones de la Generalitat de acceso al grupo A, Luis Cuesta, tendrá que beber de su propia medicina. Según ha podido saber este diario la orden que contempla como causa de exclusión para los miembros de un tribunal que existan aspirantes que «tengan de los referidos titulares una dependencia jerárquica inmediata» fue redactada por el propio Cuesta en 1992.
En aquella época, según diversas fuentes consultadas por este diario, Cuesta, ocupaba un puesto de jefe del área de selección y formación del Instituto Valenciano de Administraciones Públicas y a él le correspondió promover la regulación normativa sobre la composición de los tribunales de las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo público de 1992.
Cuesta, gobernador civil de Ávila y León durante los gobiernos de UCD, en los que también ocupó otros cargos de responsabilidad, ha sido desde 1985 un punto de referencia en el área jurídica de Función Pública.
Nueve años después Cuesta se encuentra en la otra orilla.
Tal como ha venido informando este diario, su continuidad como presidente de las pruebas selectivas del grupo A está en entredicho. Entre los aspirantes seleccionados en la convocatoria de promoción interna figura uno de sus subordinados directos en la asesoría jurídica de la Conselleria de Administraciones Públicas que, a la sazón, es íntimo del conseller de Sanidad, Serafín Castellano. Tanto uno como otro fueron destinados a la conselleria (Cuesta en comisión de servicio y su subordinado «a dedo» como interino) cuando Castellano fue nombrado titular del departamento al inicio de la legislatura.
Aunque la orden promovida por Cuesta en 1992 se refiere a la oferta de empleo público de ese año, fuentes jurídicas consultas estiman que continúa en vigor. En todo caso, la convocatoria de oferta de empleo público de 1999 (en la que se contemplan las 200 plazas para el grupo A) carece de regulación específica sobre la composición y el régimen de incompatibilidades que afecta al tribunal. Con todo, la ley de régimen jurídico administrativo, también de 1992, establece como causa de inhibición o recusación que exista relación de servicio entre los miembros de la comisión de valoración y los aspirantes.
Por lo pronto, Cuesta ya ha sido recusado formalmente por varios opositores, mientras que los representantes de los sindicatos en los tribunales estudian plantearle hoy la abstención que justificarán con la orden de 1992 que él mismo promovió.
Cabe recordar que tras las informaciones publicadas por este diario, Cuesta ha condicionado su continuidad a un informe jurídico que le respalde. Para ello ha dirigido un escrito al conseller Carlos González Cepeda, quien tiene la última palabra. Todo apunta a que la incógnita se despejará hoy en la reunión del tribunal. Mientras tanto, la situación ha creado incertidumbre entre los aspirantes ya que si Cuesta queda fuera del tribunal tendrán que repetirse las preguntas.
El examen será el domingo 8 de julio
El «Diario Oficial de la Generalitat Valencia» (DOGV) publicó ayer las resoluciones del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, por las que se elevan a definitivas las listas de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo A tanto por el turno libre como por el de discapacitados.
En ambos casos, el examen será el domingo 8 de julio, a las 11 horas. En concreto, en Valencia la prueba tendrá lugar en el aulario sud del campus de Els Tarongers; en Alicante, en el aulario general I de la Universidad de Alicante; y en Castelló, en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universidad Jaime I.
Todavía está pendiente la resolución en torno a las pruebas por el turno de promoción interna ya que estos sólo tienen que hacer un examen. En total son cerca de 3.000 las personas que aspiran a ocupar las cerca de 200 plazas que salen a concurso.