Levante, 12/06/2001
FUNCIÓN PÚBLICA
El jefe del área jurídica de Justicia ocupa su puesto irregularmente desde abril
Luis Cuesta, en comisión de servicio dos años, presidirá el tribunal de oposiciones del grupo A. Uno de sus subordinados, allegado de Serafín Castellano, aspira a plaza
Julia Ruiz, Valencia
La elevada tasa de precariedad laboral que existe en la Generalitat Valenciana no es el único problema con el que ha de lidiar la Conselleria de Administraciones Públicas. La mayoría de los más de 3.000 empleados que se encuentran en comisión de servicio han perdido su cobertura legal como consecuencia del decreto 33/99, que limita a dos años esta ocupación provisional de puestos de trabajo, tal como ha venido informando Levante-EMV. La falta de respuesta de los responsables políticos ha dado lugar a que se den casos tan paradójicos como que precisamente quienes deben velar por el cumplimiento de la legalidad en la Administración acaben bordeándolo.
Es el caso del jefe del área jurídica de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Luis Cuesta, que ocupa su puesto de manera irregular desde abril pasado. En concreto, el día 21 del citado mes se cumplieron dos años desde la entrada en vigor del decreto 33/99 sobre provisión de puestos de trabajo, que establece que la comisión de servicio (asignación a dedo de un funcionario a un determinado puesto) sólo tendría una duración de un año, prorrogable como máximo uno más. Luis Cuesta, cuya plaza de origen se encuentra en la Dirección Territorial de Hacienda, fue trasladado en comisión de servicios, en 1995, a la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas para ocupar la jefatura del área jurídica. Mantuvo el puesto cuando las competencias de Función Pública pasaron a la Conselleria de Economía y Hacienda, y, ya en esta legislatura, cuando este departamento de desdobló.
La FSP-UGT advirtió hace casi dos meses a la Dirección General de la Función Pública de la caducidad de las comisiones de servicio, pero hasta el momento la conselleria ha dado la callada por respuesta. De confirmarse el silencio administrativo, el sindicato llevará el tema a los tribunales. Cabe recordar que el TSJ ya ha dado la razón a CC OO en casos similares en la Diputación de Valencia en aplicación del decreto 33/99.
Mientras tanto, Luis Cuesta ha sido designado presidente del tribunal de las oposiciones del grupo A. Se da la circunstancia de que entre los aspirantes figura un allegado al conseller de Sanidad, Serafín Castellano, que a su vez es subordinado de Luis Cuesta en la asesoría jurídica de Justicia. La ley de régimen jurídico establece que es causa de abstención o recusación para los miembros del tribunal cuando exista relación de servicio con el interesado en el examen.