La institución de un equipo de alta dirección en el seno de la Administración autonómica, compuesto por profesionales de libre designación y sin atender a su condición de funcionarios, que anticipó el pasado jueves Carlos González Cepeda, consejero de Administración Pública, ante el pleno de las Cortes choca frontalmente con la normativa introducida por el Gobierno central durante la pasada legislatura a través de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Adminsitración General del Estado, que consagró el respeto a la carrera profesional de los servidores públicos.

La regeneración política que invocaba el PP durante la campaña previa al acceso de José María Aznar a la presidencia del Gobiero central incluía una propuesta para despolitizar la Administración del Estado.

Mariano Rajoy, actual vicepresdente primero del Gobierno y ministro de Interior y entonces responsable de Adminsitraciones Públicas, defendió la exigencia de respeto a la carrera profesional en el seno de la Administración del Estado cuando presentó la LOFAGE en el Congreso de los Diputados con las siguientes palabras: 'Hemos apostado decididamente por la profesionalización de los directivos públicos, reservando, en consecuencia, los puestos de subsecretario, secretario general técnico y director general y subdirector general para su desempeño por funcionarios públicos a los que se exija, al tratarse de nivel directivo, titulación superior para su ingreso en la Administración'.

El pasado jueves, el consejero de Administración Pública de la Generalitat valenciana presentó ante las Cortes un modelo radicalmente distinto cuando formuló su propuesta sobre 'directivos públicos'.

Según González Cepeda, los puestos directivos de la Administración autonómica se nutrirán de 'los empleados públicos más capacitados y de las personas de la sociedad civil más idóneas', es decir, de profesionales ajenos a la Administración.

Los más altos ejecutivos de la Generalitat, según el modelo de González Cepeda, serán elegidos a dedo por los responsables políticos de las áreas correspondientes 'por reunir condiciones de idoneidad y cualificación profesional' que no especificó, pero que chocan frontalmente con el modelo establecido por el Gobierno central para la Administración del Estado.

Mariano Rajoy, actual vicepresdente primero del Gobierno y ministro de Interior, defendió la LOFAGE durante la pasada legislatura cuando era responsable del área de Administraciones Públicas. El Gobierno que preside José María Aznar introdujo entonces una exigencia de respeto a la carrera profesional en el seno de la Administración del Estado. Rajoy sostuvo durante el debate de la ley en el Congreso, como recoje el Diario de Sesiones: 'Hemos apostado decididamente por la profesionalización de los directivos públicos, reservando, en consecuencia, los puestos de subsecretario, secretario general técnico y director general y subdirector general para su desempeño por funcionarios públicos a los que se exija, al tratarse de nivel directivo, titulación superior para su ingreso en la Administración'.

La apuesta por la profesionalización de la Administración del Estado quedó recogida en el texto de la LOFAGE, que restringe el acceso a los cargos de subsecretario y director general, entre otros, a 'funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente'.

El pasado jueves, el consejero de Administración Pública de la Generalitat valenciana presentó ante las Cortes un modelo radicalmente distinto cuando formuló su propuesta sobre 'directivos públicos'. Según González Cepeda, los puestos directivos de la Administración autonómica se nutrirán de 'los empleados públicos más capacitados y de las personas de la sociedad civil más idóneas'.

Los altos ejecutivos de la Administración autonómica, según Cepeda, deberían ser personas 'independientes', pero accederían al cargo 'en virtud de la confianza que le merezcan al encargado de nombrarles'.

Es decir, los más altos ejecutivos de la Generalitat, según el modelo de González Cepeda, serían elegidos a dedo por los responsables políticos de las áreas correspondientes 'por reunir condiciones de idoneidad y cualificación profesional' que no especificó y que chocan frontalmente con el modelo establecido por el Gobierno central para la Administración del Estado.

La reorganización del personal al servicio de la Generalitat en grupos profesionales también atenta contra el espíritu de la LOFAGE, puesto que persigue flexibilizar los criterios de escala profesional que imperan en el actual modelo del Estado.

Fuentes de Administración Pública sugerían que la nueva organización persigue adecuar las retribuciones de los empleados públicos a los sueldos de mercado para poder disponer, por ejemplo, de técnicos en informática cuyos servicios son muy apreciados a pesar de que no tienen por qué acreditar una titulación superior.

La propuesta de Cepeda sobre el futuro de la función pública en la Administración autonómica estuvo plagada de sugerencias que desbordan el ámbito de competencias de la Generalitat en lo relativo a las vías de acceso a la función pública o la introducción de incentivos a los funcionarios, entre otras.

La Comunidad Valenciana ha sido utilizada como laboratorio por el PP y el Gobierno central en varias ocasiones desde que Eduardo Zaplana accediera al poder en julio de 1995. Las actuales iniciativas de reforma universitaria o el anteproyecto de Ley de Calidad Educativa, han sido puestas a prueba antes en clave valenciana por la Consejería de Educación y la Dirección de Universidades, en el caso del polémico proyecto de Ley de Consejos Sociales que se tramita en sintonía con el ministerio.

Sin embargo, González Cepeda parece haberse extralimitado en sus propuestas. Una fuente de la organización estatal del PP explica que el ascenso de Javier Arenas a la secretaría general del partido ha complicado la comunicación entre Zaplana y los responsables de la sede nacional de Génova.