Levante, 09/06/2001
El Consell copia la figura de los directivos de una ley estatal congelada desde 1999
El Consell no podrá implantar en la Generalitat la figura de directivos públicos hasta que no se apruebe el estatuto básico de la función pública. La idea está contemplada en un proyecto paralizado desde 1999.
Julia Ruiz, Valencia
La figura de los directivos públicos que el Consell pretende implantar en la Administración con el objetivo de poner su gestión en manos de altos ejecutivos del sector privado no es un invento de cuño valenciano. El proyecto de ley sobre el Estatuto de la Función Pública recoge en su artículo 35 la «función directiva» y habilita a las distintas comunidades autónomas a desarrollarla a través de sus respectivas leyes de función pública.
Ni más ni menos esto es lo que ha hecho el Gobierno valenciano, pero adelantándose en el tiempo, ya que el proyecto del estatuto básico duerme el sueño de los justos desde que el Gobierno de José María Aznar lo llevó al Congreso de los Diputados en 1999. Con la disolución de las Cortes Generales al acabar la legislatura, la iniciativa decayó y no ha vuelto a ser remitido a la Cámara legislativa.
Hasta que la normativa estatal vea la luz (y suponiendo que su contenido no varíe), el Consell no podrá legislar sobre esta nueva figura que excede a sus competencias. La ley valenciana actual, a imagen y semejanza que la de medidas urgentes de 1984, sólo distingue entre funcionarios y cargos políticos o de confianza. Tampoco la ley de Gobierno valenciano de 1983 recoge la modalidad de directivos públicos.
Todo apunta a que la Comunidad volverá a ser laboratorio de pruebas de iniciativas emprendidas desde el Ejecutivo central. La implantación de un cuerpo de directivos no es un tema menor, ya que supone un verdadero cambio dentro de la Administración Pública. En realidad, es una vuelta de tuerca en la política de privatización de servicios públicos. Al igual que la inspección técnica de vehículos (ITV) se dejó en manos privadas o se externalizó la gestión del hospital de Alzira, grosso modo es una forma de privatizar la gestión de la Generalitat Valenciana.
Por lo pronto, la iniciativa no ha gustado a los sindicatos, que cuestionan que una persona procedente del sector privado y sin ser cargo de confianza o político «fiscalice» a los funcionarios. Además de las dudas legales, los sindicatos plantean otros puntos oscuros, como si estos directivos estarán sujetos al mismo régimen de incompatibilidades que los funcionarios y los altos cargos. Otro interrogante es cuánto estará dispuesto a gastarse la Generalitat en sus fichajes y qué contrapartidas ofrecerá para lograr que dejen un puesto fijo en su empresa para asumir una responsabilidad en la Administración eventual. Podría ser la vuelta de los polémicos contratos blindados de empresas y entes públicos.
«Caos sin parangón»
Por su parte, desde la Asociación de Técnicos de la Administración se acusó al conseller de Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, de intentar desviar la atención de los ciudadanos del «caos sin parangón en los países civilizados en que se ha convertido la función pública valenciana».
Cultura incumple la ley de integración
El comité de representantes de minusválidos de la Comunidad Valenciana (Cermi-CV) denunció ayer, a través de un comunicado, que la Generalitat ha incumplido «una vez más» la ley de integración social del minusválido en cuanto a la reserva de plazas para personas con discapacidad en las oposiciones para la Administración. El caso denunciado se refiere a las pruebas de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.
El comité recuerda al Consell que debe cumplir la normativa y «dar ejemplo». La FETE UGT-PV ha informado al colectivo sobre las acciones legadas iniciadas contra la orden 20 de noviembre de 2000 de la Conselleria de Cultura por la que se convocan las citadas pruebas selectivas.
Por otro lado, la FETE UGT presentó ayer por registro de entrada las 700 solicitudes de ayudas sociales del personal laboral para el ejercicio de 2000.