ABC, 08/06/2001
La Generalitat pagará más a aquellos funcionarios que sean más eficaces
VALENCIA. Mario Beltrán
Una nueva clasificación de los funcionarios, la valoración de la eficacia en las retribuciones; la negociación de salarios por trabajar por las tardes y la creación de la figura del directivo público, que podrá ser funcionario o profesional ajeno a la Administración, centran la propuesta planteada ayer en las Cortes por el conseller González Cepeda para la reforma de la Ley de la Función Pública.
En una comparecencia a petición propia el conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, presentó ayer al pleno de las Cortes Valencianas el borrador de la reforma de la Ley de Función Pública, que pretende amoldar la actual legislación a las exigencias que la nueva sociedad de la información y que la propia sociedad civil exige a la Administración, abordando además una mejora del funcionariado.
Cepeda, que insistió en todo momento en la necesidad del consenso con el resto de fuerzas políticas y agentes sociales para llevar a cabo el proyecto, justificó la iniciativa por la exigencia de obtener los resultados esperados por los ciudadanos y adecuar la Administración al proceso de modernización llevado a cabo por el Gobierno valenciano.
Dos cuestiones, pues, la modernización de la Administración Pública y la reforma de la ley de Función Pública Valenciana. La primera con efectos directos a los ciudadanos de esta Comunidad y la segunda, con consecuencias para el propio funcionariado y el engranaje administrativo.
Cepeda no entró en la oferta realizada por el presidente Zaplana para cerrar el problema de la precariedad que afecta a más de 25.000 trabajadores de la Administración, «porque esta es una cuestión que ya abordó el presidente, ofreciendo la negociación y el consenso para solucionarlo y porque esa voluntad plantea cuatro cuestiones: que sea consensuada, que se respete los principios constitucionales, que se realicen las ofertas públicas de empleo y que se alcance el 90 por ciento de las actuales vacantes». Mientras el plan de modernización de la Administración Pública contará con unos recursos de 38.400 millones, según anunció el conseller, la reforma de la Ley de la Función Pública propuesta por el Consell presenta aspectos muy novedosos. Entre ellos, destacar la nueva clasificación de los funcionarios con la actualización de la capacitación profesional; La valoración del rendimiento, apertura de negociaciones con los sindicatos para establecer trabajo de tarde en aquellas unidades que lo necesiten, la figura del directivo público que podrá ser de la propia administración o un profesional externo o la creación de una Comisión de Garantía, que vele por que todos los procesos sean los adecuados y no se perjudique al funcionario. La oposición, tanto Joan Ribó, por EU y Josefa Andrés, por el PSOE, criticaron la falta de concreción sobre la solución que debe adoptarse sobre la precariedad laboral.