La precariedad laboral en el seno de la Administración autonómica ocupó ayer la parte central de la comparecencia ante las Cortes de Carlos González Cepeda. El consejero de Administración Pública anunció la convocatoria de ofertas de empleo público para dotar el 90% de las plazas vacantes que ocupan en la actualidad empleados interinos, la única posibilidad real de atajar el problema. Pero, además, esbozó las líneas generales de una ambiciosa Ley de Función Pública que desborda las competencias autonómicas y requiere profundas reformas paralelas en varias normas de rango estatal.

Eduardo Zaplana se descolgó hace diez días en un acto de partido con una iniciativa para combatir de raíz la precariedad laboral en el seno de la Administración autonómica, un problema que se ha multiplicado desde que accedió a la presidencia de la Generalitat en julio de 1995.

González Cepeda anunció ayer amplias convocatorias de empleo para cubrir el 90% de las vacantes en el seno de la Administración. No ofreció fechas, pero fuentes oficiales han sugerido un plazo de cuatro años.

También apuntó que los empleados interinos tendrán tres oportunidades para acceder a plazas de funcionarios. Si superan una primera oposición pero no logran consolidar un destino en la posterior fase de concurso pasarían a engrosar una bolsa de personal 'habilitado', con prioridad en las convocatorias posteriores. Pero la fórmula prevé que aquel habilitado que no logre consolidar la plaza después de tres convocatorias 'perdería tal condición, saldría de la bolsa de trabajo y, en su caso, cesaría en la plaza que estuviese desempeñando', es decir, sería despedido.

Representantes de CCOO y UGT expresaron dudas sobre la viabilidad legal de la propuesta y vaticinaron que una nueva bolsa de 'habilitados' sólo complicará las cosas.

Pero, al margen de las fórmulas de acceso a la función pública, González Cepeda presentó las líneas generales de una futura ley cuyo alcance desborda sus actuales competencias. La nueva norma prevé una especial consideración a la 'eficacia' en el desempeño de las tareas, es decir, apuesta por introducir incentivos para los funcionarios que cumplan ciertos objetivos.

En segundo lugar plantea una administración organizada por 'grupos profesionales' en lugar de puestos de trabajo específicos. Un nuevo modelo que permitiría, por ejemplo, remunerar a un técnico de acuerdo con la realidad del mercado sin atender a la calidad de su titulación.

Una tercera novedad sería la institución de la figura de los 'directivos públicos', un colectivo profesional de alta dirección al que accederían tanto funcionarios como personal ajeno a la Administración por designación directa para acometer tareas de forma temporal de acuerdo con determinados objetivos.

En el capítulo de 'protección al funcionario', el proyecto recoge las propuestas de acceso para interinos y la constitución de 'un órgano permanente de selección de funcionarios' que asumirá la calificación de las pruebas selectivas. Una suerte de tribunal único para todas las convocatorias de empleo público.

Finalmente, González Cepeda mencionó la constitución de una 'comisión de garantías' que velara por la correcta aplicación de la ley y que debería evitar el frecuente recurso a los tribunales para resolver conflictos surgidos en el seno de la Administración autonómica.

Joan Ribó, portavoz de Esquerra Unida, recordó a González Cepeda que varios aspectos de su propuesta genérica chocan con normas de rango superior y son dudosamente constitucionales. Y expresó su preocupación en torno al colectivo de alta dirección que impulsa el Consell.

Josefa Andrés, del PSPV, recordó las sucesivas modificaciones de las normas de función pública introducidas por el PP desde 1996 a través de la leyes de acompañamiento de los presupuestos, que han debilitado las garantías profesionales en favor de la arbitrariedad del poder político y acusó a González Cepeda de 'hacer mucho ruido' para tapar sus propias vergüenzas.