Levante, 08/06/2001
El Consell recurrirá a directivos del sector privado para controlar la gestión pública
Cepeda dice que «no sin razón» el ciudadano asocia al funcionario con «falta de diligencia»
El conseller de Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda,anunció en el último de los «grandes debates» de las Cortes la pretensión del Consell de poner al frente de la gestión un nuevo cuerpo de directivos públicos paralelo a los altos cargos que podrían proceder del sector privado. Cepeda rehuyó del conflicto de los interinos y anuncio una fórmula para evitar que se perpetúen.
Julia Ruiz, Valencia
El Ejecutivo valenciano pretende implantar en la Generalitat un cuerpo directivo paralelo al que forman los altos cargos para llevar las riendas «de las más alta gestión de los centros directivos y entes instrumentales de la Administración». Los denominados «directivos públicos», que, como adelantó Levante-EMV hace dos semanas, son una de las novedades del borrador de la ley de la función pública, bien serán funcionarios, bien «personal ajeno» de la Administración «con experiencia acreditada por un cierto número mínimo de años de ejercicio», según precisó ayer el conseller de Administraciones Públicas, González Cepeda.
Los directivos serán elegidos por libre designación y por un período temporal en función de la consecución de objetivos. De ello y de las tareas asignadas dependerán sus retribuciones. Cepeda insistió en que esta especie de ejecutivos (que engrosará la lista de altos cargos del Consell) se diferencian de los cargos políticos.
El conseller confirmó también que la reforma de la ley contempla, tal como avanzó Levante-EMV, implantar un «sistema de evaluación» a los funcionarios y gestores para valorar su «rendimiento» y que sería recompensado mediante una suerte de plus de productividad. Cabe recordar que los sindicatos vieron con preocupación esta medida, pues temen que fomente «el amiguismo».
También propuso otra clasificación de funcionarios basada en grupos profesionales que no dependa de la titulación. Y anunció una amplia reforma de la Administración tras decir que «no sin razón» los ciudadanos asocian al funcionario con falta de diligencia.
Cepeda rehúye el debate sobre interinos
J. Ruiz, Valencia
El conseller no dedicó en su primera intervención ni un minuto al conflicto de los interinos que el presidente Eduardo Zaplana puso en el disparadero cuando anunció una «vía especial» para acabar con el alto porcentaje de precariedad laboral en la Administración. Pese a la expectación que el debate había levantado -representantes de todos los sindicatos siguieron la comparecencia desde la tribuna de invitados-, Cepeda no despejó la incógnita del millón. Sólo cuando la oposición le recordó su omisión, el conseller aludió al espinoso asunto ciñéndose al guión ya adelantado por Zaplana y despejando el asunto a la mesa de negociación. Los sindicatos mostraron su «decepción» por la falta de soluciones.
Con todo, Cepeda anunció un «nuevo acceso» a la función pública que evitará que los interinos se perpetúen en la Administración. El sistema consiste en crear bolsas de trabajo de «habilitados» que deberán superar al menos una primera fase del proceso selectivo. Si en un período de tiempo no superan el resto de pruebas o no se presentan, saldrán de la bolsa y, en su caso, de la plaza que ocupen de forma interina.
La oposición ve «decepcionante» la comparecencia y teme colisiones con la ley básica
J. R., Valencia
La oposición advirtió al conseller que muchas de las cuestiones planteadas en la reforma de la ley valenciana son normativa básica del Estado y que actualmente está en revisión el estatuto de la función pública.
La diputada del PSPV Josefa Andrés tildó de «decepcionante» la comparecencia y lamentó la «hipertrofia» de la Administración, jalonada en los años de gobierno del PP por el aumento de las comisiones de servicio, los nombramientos «a dedo», la interinidad y la ausencia de negociación. Andrés propuso la creación de una agencia de calidad de los servicios públicos y ofreció diálogo para un acuerdo sobre estabilidad.
El portavoz de EU, Joan Ribó, rechazó la creación de un cuerpo de directivos y advirtió de las «perversiones» que puede introducir en el principio de «eficacia» si no se regula adecuadamente. Hasta dos veces Ribó emplazó, sin conseguirlo, a Cepeda para que se comprometiera a implantar el requisito lingüístico en las ofertas.
Regreso «a los toriles»
La desconfianza se sumó a la decepción de los sindicatos conforme Cepeda avanzaba las grandes líneas de la ley. Pese a que aludió varias veces al consenso con los sindicatos, éstos no han sido convocados para tratar el tema. Si ya no gustó la idea de la productividad, menos la del cuerpo directivo. Gonzalo Fernández (FSP-UGT) reclamó que el texto «vuelva a los toriles», al igual que Gonzalo Castillo (FETE-UGT), que lo ve «muy alejado de los problemas reales de la función pública».
Soledad Fernández (CC OO) censuró que el Consell quiera «fiscalizar políticamente a los funcionarios», y el STE-PV dijo que ha «descubierto de nuevo el Mediterráneo».