La futura Ley de Calidad Educativa -con la que el Ministerio de Educación pretende cambiar la LOGSE- se vislumbra, según fuentes de la Administración, como 'el escenario estatal más viable para encontrar una solución al conflicto de los interinos docentes valencianos', que afecta ya al 25% de la plantilla de maestros y profesores de la Comunidad. Bajo esta óptica, la Generalitat negocia con los consejeros de comunidades autonómas y con el ministerio la introducción de cambios en el modelo de acceso a la función pública docente.

'La entrada del anteproyecto de ley en el Congreso, prevista a más tardar para noviembre, serviría de paraguas para amortiguar las movilizaciones de interinos' promovidas por el STEPV que pide un acceso diferenciado. Y, de paso, serviría para calmar la tensión que empieza ya a 'incomodar' a los consejeros valencianos de los departamentos que han acumulado el mismo problema de interinidad en el último quinquenio de gobierno popular como son Sanidad, Justicia y Función Pública, además de Educación. Pero tiene un problema: la nueva ley no estará lista antes de marzo del 2002.

La propuesta de cambios al decreto 850 caminaría en el sentido de modificar la prueba de acceso y vincularla a la práctica docente. Esta prueba tendría un carácter excepcional y transitorio, similar al que introdujo la LOGSE de tres años. Sin embargo, este procedimiento lo que en realidad modificaría es el formato de los exámenes, pero aún no está claro que se proponga derogar el actual sistema de acceso y se decida apostar abiertamente por uno diferenciado para interinos.