En un primer momento, Partido Socialista y Esquerra Unida clamaron dudas e incredulidades y apuntaron la inviabilidad legal de la pretensión de Zaplana, cuando anunció su intención de promocionar el acceso a la escala funcionarial del Estado a los interinos de la Comunidad. Ahora que el plan de actuación de Zaplana se ha concretado en fórmulas concretas ajustadas a la legislación vigente y a la jurisprudencia, la oposición ha quedado descolocada en sus valoraciones. No obstante, los socialistas aseguran que el plan de Zaplana es una copia de una iniciativa presentada por su grupo parlamentario, que el PP se encargó de tumbar, señalaron fuentes del PSPV.

Zaplana propondrá que la antigüedad puntúe en los baremos de los concursos oposición hasta un 40 por ciento, en el caso de los interinos de la Administración General, y tal vez hasta un 30 por ciento en el caso de los interinos de Sanidad. Por lo que refiere a Educación, donde el acceso al funcionariado es competencia exclusiva del Gobierno central, el jefe del Consell piensa establecer un diálogo con el Ministerio para arbitrar alguna fórmula de «bonificación» de los interinos.

Asimismo, el jefe del Consell plantea facilitar la preparación de los exámenes a los trabajadores interinos y dilatar nuevas convocatorias hasta 2004.

COMPARECENCIA DE CEPEDA

Cabe pensar que todas estas medidas serán explicadas el próximo jueves por el conseller de Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, en su comparecencia en las Cortes Valencianas.

Por su parte, el coordinador del Area Pública de CC.OO., Pere Gantes, aseguró ayer a Efe que cuando se reúna la Mesa General de la Función Pública, este sindicato planteará que en un periodo de dos o tres años «se reduzca o elimine al máximo posible la precariedad laboral que existe en la Generalitat Valenciana».

Pere Gantes señaló que actualmente la precariedad laboral afecta a cerca de 25.000 trabajadores interinos o temporales de la Generalitat, que suponen el 25 por ciento de los empleados públicos de la Administración.

Gantes se mostró preocupado por la posibilidad de que las medidas previstas por Zaplana conculquen alguna ley. «Estamos de acuerdo en que se llegue a una estabilidad laboral, pero sin vulnerar la legislación vigente», afirmó. El sindicalista recordó que los sectores docente, sanitario y de administración sanitaria, los más afectados por la temporalidad, se encuentran sujetos a regulaciones distintas.

El responsable sindical valoró positivamente que el presidente de la Generalitat Valenciana «tenga a bien plantear la celebración de una Mesa General de la Función Pública antes de acabar el mes de junio». Gantes recordó a Efe que en el sector de la enseñanza hay 12.000 interinos y la oferta pública firmada es de 2.000 plazas. También en Sanidad, donde hay cerca de 13.000 interinos, «se han juntado las ofertas públicas de los años 1988 y 2000 con un total de 3.500 puestos trabajo», afirmó el coordinador del área Pública del sindicato.