Levante, 4/06/2001

Zaplana reconoce que hay que reformar la ley para hacer fijos a los interinos

El presidente rebaja sus pretensiones y los sindicatos amenazan con movilizaciones

La propuesta lanzada por Eduardo Zaplana hace una semana, en la que aseguraba que se habilitarían las fórmulas para que los más de 25.000 interinos de la administración pública valenciana consolidaran sus plazas, ya ha encontrado sus primera matizaciones. Tras unos días de análisis, el presidente se ha visto obligado a rebajar sus pretensiones, al admitir que será preciso reformar la ley en el caso de la enseñanza y crear un nuevo desarrollo reglamentario en sanidad

Ricardo Rodríguez, Valencia.

No era tan fácil como lo pintaba Zaplana. La iniciativa lanzada hace una semana por el presidente para regularizar la situación de los funcionarios interinos de la administración pública contenía más problemas de los inicialmente previstos, y así se lo han hecho saber los agentes sociales a lo largo de las reuniones mantenidas durante los últimos días. De ahí que ayer el presidente matizara sus propuestas y asegurara que para realizar su proyecto será necesario «un escrupuloso respeto al ordenamiento jurídico vigente», rebajando así el optimismo mostrado hace pocas fechas.

Zaplana aseguró que «será preciso promover la reforma del Real Decreto 850/1993, en relación con los sistemas de acceso a los cuerpos docentes», y otro tanto para lo que se refiere a la sanidad, ya que las competencias sobre este sector público tienen que ver con «el desarrollo reglamentario de la Ley 30/1999». En ninguno de los casos, el máximo responsable del Consell especificó las actuaciones que su gobierno piensa plantear para reformar las leyes vigentes. Estas medidas afectarían a más de 20.000 funcionarios de la Comunidad Valenciana, que actualmente desempeñan sus funciones como interinos, y que piden desde hace años una regularización de su situación

Más claro parece el panorama para los miembros de la Administración general, más escasos en número y cuyas competencias en cuanto a reglamentación pertenecen al gobierno autonómico. Para ellos, Zaplana propone, como ya adelantó el pasado sábado Levante-EMV, que la antigüedad llegue a suponer hasta un 40 por ciento del total en los concursos de oposición que se preparan, y que tendrán lugar durante los próximo tres años. La intención del presidente es que a través de ellas se cubra hasta el 90 por ciento de las vacantes existentes, pero estableciendo a su vez «los mecanismos necesarios para promover la estabilidad del personal interino que actualmente ocupa esas plazas».

Plan moderado

En general, el presidente optó por la moderación en su nueva propuesta, tras comprobar, por las reuniones mantenidas esta semana con los sindicatos, la dificultad de alcanzar los objetivos propuesto hace apenas una semana

Los sindicatos acogieron estas afirmaciones con tibieza en algunos casos, y con indignación en otros. Su mayor preocupación en general es la manera en la que el presidente está realizando sus afirmaciones, vertidas a diversos medios de comunicación sin que exista un comunicado oficial. La intención de todos ellos es sentarse a negociar, si, como asegura Zaplana, se convoca a la Mesa General de Negociación antes del fin del actual mes de junio. El portavoz del STEPV, Adell Francés, aseguró que «desde los sindicatos tenemos propuestas que realizar para abordar los cambios necesarios, pero se deben escuchar».

 

Los sindicatos se ven "defraudados"

Las matizaciones hechas ayer por Zaplana sobre su anterior propuesta fueron acogidas con tibieza por los representantes sindicales de la función pública. El más crítico fue el responsable de la Federación de Enseñanza de UGT, Gonzalo Castillo, quien aseguró sentirse "defraudado" por las palabras de Zaplana, cuando tan sólo una semana antes su propuesta había creado "ilusión". El presidente "tiene que hacer pública su propuesta", según Castillo, ya que la falta de información oficial al respecto "está generando confusiones" entre el colectivo, en el que se ha creado un cierto "malestar".

Castillo aseguró incluso que, de no comparecer Zaplana en las Cortes "la situación puede radicalizarse", ya que desde UGT "estamos dispuestos a cualquier tipo de movilización". UGT pide a Zaplana que se siente con los sindicatos para negociar un plan de estabilidad para los 35.000 trabajadores públicos, y que pueda recogerlos a todos por igual.

 

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