Las Provincias, 03/06/2001

OPINION

Una Administración pública para el siglo XXI
Por Eduardo Zaplana

Al presentar, el pasado miércoles, el II Plan de Modernización y Racionalización de la Administración Pública Valenciana, manifesté, con plena convicción, que nuestra comunidad contará, dentro de pocos años, con una de las Administraciones públicas más modernas y eficaces de Europa.

     Para alcanzar esta meta, vamos a continuar realizando una enorme apuesta por las nuevas tecnologías, que nos proporcionarán los instrumentos idóneos con los que prestar una atención cada vez más cercana a los ciudadanos.

     Pero no basta con ese esfuerzo. La calidad de la Administración pública se sustenta, sobre todo, en el equipo humano del que dispone, al que el Gobierno de la Generalitat quiere ofrecer los mejores incentivos, para que desarrolle su labor con los más altos niveles de profesionalidad y eficacia, impulsando la calidad y promoviendo su formación permanente. Este es el verdadero reto que debemos afrontar, si deseamos configurar la Administración del siglo XXI que los ciudadanos demandan.

     Y es precisamente en este marco en el que se encuadra mi compromiso de acabar con las altas tasas de precariedad, que generan una situación de angustia y de incertidumbre ante le futuro para las familias de más de 25.000 empleados públicos de nuesta comunidad.

     No es un fenómeno exclusivo de la Administración valenciana. En realidad, viven situaciones parecidas la práctica totalidad de la Comunidades Autónomas, pues la rápida asunción de nuevas competencias y servicios públicos ha debido traducirse, necesariamente, en un notable crecimiento de la Administración. Asimismo, la aplicación de la LOGSE ha exigido ampliar con velocidad las plantillas docentes, lo que, en la Comunidad Valenciana, se ha traducido en pasar de 34.234 a 41.322 puestos en sólo 6 años. Si a estos factores añadimos la judicialización permanente de las convocatorias de empleo público, tendremos las causas que explican las elevadas tasas de temporalidad de nuestra Administración.

     Nuestra estrategia para solucionar este problema ha de basarse en dos premisas fundamentales: la búsqueda del consenso con todos los agentes sociales implicados y el escrupuloso respeto al ordenamiento jurídico vigente. No nos moveremos de estas dos coordenadas. Pero pondremos, a la vez, toda la voluntad política necesaria para poner fin a un problema cuya solución se hace ya inaplazable.

     Así, mi primer compromiso pasa por poner en marcha amplias convocatorias de empleo público durante los próximos tres años, hasta cubrir el 90% de las vacantes existentes en la Administración valenciana. Ahora bien, a la vez estableceremos los mecanismos necesarios para promover la estabilidad del personal interino que actualmente ocupa dichas plazas.

     Es preciso poner de relieve, por otra parte, que la temporalidad afecta a los tres grandes sectores de la Administración pública -docente, sanitario y de Admistración general-, que se encuentran sujetos a regulaciones distintas. Por tanto, será preciso promover la reforma del Real Decreto 850/1993, en relación con los sistemas de acceso a los cuerpos docentes. Asimismo, y en relación con los procesos de selección del personal sanitario, hemos de afrontar el desarrollo reglamentario de la Ley 30/1999.

     Vamos a trabajar con la máxima voluntad de diálogo, buscando soluciones que cuenten con el respaldo de todos los agentes sociales y de las fuerzas políticas. Para iniciar este proceso de consenso, convocaremos de inmediato la Mesa General de Negociación, con el fin de que se reúna antes de concluir el mes de junio.

     Por supuesto, vamos a respetar íntegramente los derechos de los funcionarios de carrera. Por ello, pondremos en marcha simultáneamente los procesos de promoción interna y de concursos de traslados, que permitirán dar plena satisfacción a sus expectativas.

     Así pues, el compromiso que adopté hace una semana -adelantando la dificultad que entrañaba- se traduce en un conjunto de estrategias, que deseamos abordar con la máxima transparencia y la participación de todos los sectores implicados; pues, si la dificultad existe, la voluntad de solucionarla también. Nuestro objetivo no es otro, en suma, que configurar una sólida Administración pública valenciana, en la que la profesionalidad y la adecuación de cada funcionario público a su puesto de trabajo se traduzca en una mejora de las prestaciones que se ofrecen a la sociedad.