Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, se descolgó el pasado sábado en un acto de partido con una espectacular propuesta para resolver la precariedad laboral en el seno de la Administración autonómica que afecta a cerca de 30.000 trabajadores interinos. Pero la iniciativa del presidente resulta legalmente inviable en la actualidad. Sindicatos y oposición acogen el debate con buen talante, pero exigen rigor a Zaplana para evitar que los interinos alienten falsas expectativas.

La ausencia de convocatorias de empleo público durante cerca de seis años ha elevado de forma alarmante el número de trabajadores interinos en el seno de la Administración autonómica, una situación que afecta a cerca de un tercio de los docentes, supera ese volumen entre el personal sanitario y es algo inferior en la Administración general.

Varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han establecido que el concurso de méritos y la oposición son las únicas vías de acceso a la función pública, y han establecido que no se pueden reservar plazas para los trabajadores interinos. La posibilidad de reconocer como un mérito los años de servicio no exime a los aspirantes de superar previamente una oposición, según el TC, y sólo debe computarse para la posterior elección de destino.

Más aún. Los docentes pertenecen a un cuerpo estatal. Si se convocara en la Comunidad Valenciana una oposición que reconociera los años de servicio como un mérito, podrían resultar beneficiados interinos procedentes de otra comunidades.

En el ámbito de Sanidad se puede jugar algo más en virtud de una ley de selección del año 1999 que cede cierto margen a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, pero la norma establece un marco básico para el conjunto del Estado.

Hasta hace unos meses, el reglamento vigente en la Comunidad Valenciana establecía que el interino más antiguo debía abandonar su plaza si un funcionario fijo accedía al puesto en virtud de un concurso de traslado. Fuentes sindicales celebran una reciente modificación para desplazar al interino más joven y sugieren que es viable resolver problemas de precariedad si se proponen pruebas de acceso acordes con las labores reales de los plazas a concurso, de modo que la mejor escuela para preparar una oposición sea la experiencia en el puesto de trabajo.

Al margen de la buena disposición para la negociación entre sindicatos, asociaciones de interinos y partidos políticos persiste un problema añadido: cualquier ciudadano particular puede recurrir un modelo de concurso si considera que lesiona sus derechos.

La Generalitat ya ha descartado la posibilidad de establecer un modelo único de acceso para resolver el problema de los interinos en todos las áreas afectadas. Zaplana tiene previsto presentar las líneas generales de una propuesta para afrontar el problema el próximo viernes para descender al detalle en posteriores mesas de negociación con los sindicatos.

La voluntad de resolver el problema parece loable, pero fuentes de la oposición sugieren que la iniciativa responde al cúmulo de problemas legales que afronta la Administración autonómica y sólo persigue mantener vigente la complicada situación actual.

Algunos ejemplos ilustran la situación actual: el Consell aprobó en abril de 1999 un decreto de provisión de plazas a través de funcionarios en comisión de servicios, pero los tribunales limitaron a dos años la permanencia de los designados y exigió sacar a concurso tales puestos una vez vencido ese plazo; las sucesivas relaciones de puestos de trabajo en la Administración elaboradas por el Consell han sido impugnadas por los sindicatos mayoritarios; una sentencia reciente obliga a los miembros del denominado cuerpo de interventores a ajustar su salario a la escala vigente y exige la devolución de los complementos cobrados hasta la fecha; la FSP de UGT mantiene un pleito contra Administración Pública porque más de 300 interinos ocupan puestos superiores a la escala básica en sus respectivos destinos... Un largo etcétera pone de relieve la necesidad de afrontar la situación con rigor.

El secretario de Administraciones públicas de los socialistas valencianos, Antoni Such, y la Asociación de Trabajadores Interinos de la Generalitat reclamaron ayer al presidente del Consell, Eduardo Zaplana, que no deje pudrir la idea de regularizar la situación de este colectivo de empleados, tal y como anunció el pasado sábado en un mitin. Such manifestó que la ejecutiva del PSPV emplaza de forma seria al Consell y a Eduardo Zaplana, que lanzó de manera alegre la propuesta, a concretar su iniciativa.

'No se pueden hacer unas afirmaciones con ligereza sin tener meditada y ya desarrollada una propuesta, porque si no lo único que se consigue es levantar falsas expectativas', sentenció Antoni Such.