LAS PROVINCIAS. DOMINGO 27/05/2001
OPINIÓN. EDITORIAL
La conclusión del edificio autonómico.
Desde que en los años de la transición democrática - con la preautonomía primero y con la constitución del autogobierno valenciano después - comenzó a conformarse la estructura de la Generalitat, uno de sus soportes de funcionamiento, sus trabajadores, siempre fue la tarea más improvisada. Desde la trasferencia de funcionarios de la administración general del Estado a la convocatoria de oposiciones y pasando por la creación de bolsas de trabajo, la cuestión, en aras de otras prioridades, fue dejada de lado hasta ayer mismo cuando el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, anunció su propuesta de terminar con la precariedad laboral de veinticinco mil trabajadores que, de forma interina, desempeñan su función laboral en la administración autonómica.
Esta propuesta supondrá el final de la inseguridad laboral de muchos miles de personas. El proceso, que ahora se abre, y ésa es la intención del jefe del Consell, se debe realizar desde el máximo consenso posible. A priori sería difícil entender que tanto los partidos de la oposición como los sindicatos mayoritarios pongan trabas a esta iniciativa. Lo que está en juego es que la inseguridad laboral de veinticinco mil personas con nombre y apellidos sea sólo un mal recuerdo. De todos modos no estamos ante un decreto sino ante un proceso, con lo que los preceptos de formación, mérito y capacidad siguen siendo válidos en la propuesta que ahora se abre.