Función Pública omitió a la jueza que ha cubierto irregularmente 313 jefaturas
Cepeda reconoció hace un año al PSPV una veintena de casos contrarios al decreto
Julia Ruiz, Valencia.
La Dirección General de Función Pública omitió al juzgado de lo contencioso-administrativo número ocho de Valencia que más de 300 puestos de responsabilidad en la Generalitat han sido cubiertos por interinos en contra de la normativa del Consell que prohíbe la interinidad en los conocidos como puestos no base de la Administración.
En concreto, el decreto 33/1999 del Consell sobre provisión de puestos de trabajo establece en su capítulo relativo al personal interino que «cada nombramiento o contrato se efectuará con relación a un solo puesto de trabajo y para puestos base de la estructura administrativa». Los puestos no base -básicamente jefaturas de sección, negociado o unidad- están reservados a los funcionarios y, por tanto, para acceder a los mismos es necesario el concurso.
La FSP-UGT denunció ante los tribunales que el Consell había vulnerado el decreto y solicitó la anulación de aquellos nombramientos irregulares en puestos no base de la Generalitat. El juzgado, que instruye el caso, solicitó con fecha 16 de enero a la Conselleria de Administraciones Pública certificación de los nombramientos de funcionarios efectuados en estas plazas desde la entrada en vigor del decreto 33/99 «bajo la personal y directa responsabilidad del jefe de la dependencia en la que obrase el mismo». El 21 de febrero, el director general de Función Pública, José Joaquín Segarra, dirige un escrito al juzgado en el que asegura que «no se ha hecho nombramiento interino alguno en puestos no base de las estructuras administrativas desde la entrada en vigor del decreto 33/99». Segarra utiliza un sorprendente argumento para justificar su afirmación, ya que informa de que las estructuras administrativas de las conselleries «se limitan» a las secretarías generales administrativas, jefaturas de área y servicios y concluye que el puesto base es el de servicio.
La interpretación de la normativa que hace el director de Función Pública no sólo no coincide con la del sindicato sino que es contraria a la del propio conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, quien, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada socialista Josefa Andrés, admitió en junio de 2000 que «el número de puestos no base ocupados por personal interino asciende a 23». La FSP-UGT aportó este documento a la jueza del caso quien, a la vista de la «discrepancia» entre la información remitida por Función Pública y la aportada por el sindicato demandante, requirió de nuevo a la conselleria «certificación de todos los interinos nombrados». Dado que estas personas debían ser emplazadas como interesadas en el procedimiento, la secretaría general administrativa de la conselleria publicó un edicto en el DOGV en el que reconoce que son «trescientos trece los afectados».