La
precariedad de los empleados interinos de Administración autonómica afecta, sobre todo,
al sector educativo y sanitario, aunque se extiende en mayor o menor medida al resto de
áreas de la función pública. La legislación establece que el acceso a la función
pública exige superar un concurso que acredite el mérito y capacidad de los aspirantes,
pero no prevé vías de acceso diferenciado para los empleados en precario ni premia la
experiencia. La posición de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, es que se apliquen
los acuerdos firmados desde 1996 y que se amplien las ofertas de empleo público anuales,
como las fórmulas más viables para reducir la creciente precariedad en la
Administración valenciana. Sin embargo, sindicatos como STEPV y AFID revindican cambios
en el actual marco jurídico que garanticen un acceso diferenciado de los interinos. Para
ello, antes reclaman que, por ejemplo en el sector educativo, haya una moratoria de la
oferta de 2.800 plazas convocadas para este año que paralice la oposición. Así lo han
pedido en las manifestaciones realizadas durante todo el mes de abril, la última el
pasado viernes. Ese mismo día Serafín Castellano, consejero de Sanidad, anunciaba la
inminente convocatoria de una oposición para cubrir 3.500 plazas en su área. Castellano
dejó abierta la puerta a negociar el problema de los empleados interinos, pero las
actuales fórmulas de acceso a la función pública le permiten poco margen.Carlos
González Cepeda, consejero de Administración Pública, apenas tiene a su cargo unos
15.000 empleados públicos, frente a los 40.000 que trabajan en cada una de las áreas de
Educación y Sanidad. Un singular proceso de funcionarización desarrollado en la pasada
legislatura redujo sensiblemente la precariedad laboral en la Administración General de
la Generalitat. Y Cepeda escurre el bulto mientras los consejeros de Educación y Sanidad
negocian sin margen. El próximo debate sobre el futuro de la función pública que
acogerán las Cortes a instancias del Consell será la ocasión para forzar a Cepeda a
fijar una estrategia común que aborde con criterios coherentes el problema de los
empleados interinos de la Generalitat Valenciana.