Las Provincias. 10/04/2001
Los interinos
Por Víctor Manuel Manzanares Moyá
En primer lugar quiero felicitar a María García-Lliberós y a
la dirección de LAS PROVINCIAS por la sensibilidad demostrada, a la primera por su
artículo y a la segunda por considerarlo de entidad suficiente para su publicación en
lugar destacado de su periódico, hacia un problema cuya gravedad y magnitud supera la que
se pone de manifiesto en el artículo Interinos.
Digo que es superior en gravedad y magnitud, porque a los
colectivos de médicos y maestros se tiene que añadir un colectivo que les iguala en
envergadura y que tradicionalmente se olvida, el de funcionarios interinos y trabajadores
laborales de la Administración Pública del Gobierno Valenciano. Probablemente, el olvido
se debe a que no está en nuestra mano el promover medidas de presión que paralicen
hospitales y escuelas. Quizá se deba a que nuestros puestos de trabajo, en su mayoría,
no tienen relación directa con el ciudadano sino en las oficinas y sedes centrales de las
conselleries, lo que en ocasiones lleva a pensar que somos los enchufados, los que los
políticos de turno ponen a su alrededor a medrar de los dineros públicos, etc.
Nada más lejos de la realidad. Por el contrario, el ocupar
puestos de trabajo más cercanos al poder político, hace que esas espadas de Damocles que
pesan sobre los interinos (en la situación actual, prefiero llamarles trabajadores de la
Administración en situación de precariedad laboral) tengan mayor peso y generen mayor
angustia cuando no se comparten posiciones políticas o técnicas o cuando su actuación
no complace al político de turno.
Ni que decir tiene que comparto el punto de vista expresado
en el artículo en cuanto a la situación laboral, económica y social de unos
trabajadores que estamos en una situación de eterna interinidad (en muchos casos no se
convocan oposiciones desde hace más de 10 años), que tenemos edades que prácticamente
nos excluirían del mercado laboral, si no fuese porque ya estamos excluidos por habernos
dedicado durante años y años a formarnos y especializarnos en un trabajo que en muchos
casos no tiene su homónimo en la empresa privada, lo que complica mucho nuestra
situación en caso de ser cesados; que nos hemos casado, tenido hijos, suscrito hipotecas
y firmado letras, que no tenemos derecho al cobro de complementos como la antigüedad o a
ningún tipo de indemnización por despido, por el mero hecho de denominarse cese.
Coincido, en fin, con la opinión, magistralmente expresada
por María García-Lliberós, pero me niego a que cuando se habla de trabajadores de la
Administración en situación de precariedad laboral, se excluya sistemáticamente al
colectivo al que representamos, a que se nos tenga por interinos enchufados y a que las
posibles soluciones que arbitre el Gobierno de la Generalitat se limiten a los colectivos
de trabajadores que tienen incidencia sobre la opinión pública, dejando de lado a
quienes cada día no vemos enfermos, no enseñamos a muchachos díscolos, pero sí
mantenemos en pie la estructura administrativa y organizativa de nuestra comunidad y que
desde luego hemos superado la oposición de mantenerla en funcionamiento durante 10 o más
años.
Gracias por su atención y por hacer llegar a la opinión
pública la situación laboral abusiva que padece el colectivo de trabajadores de la
Administración en situación de precariedad laboral y gracias por exigir de ésta que se
dé una solución al problema y estabilidad a los trabajadores. Porque es de justicia.