Levante - Castellón
Más de 400 funcionarios exigen que se negocie el fallo de la Audiencia
CGT fue el único sindicato que no participó
DÍDAC BELLÉS .Castellon
Más de 300 empleados públicos, según las estimaciones de la policía, y entre 400 y 500, según los datos de los sindicatos, secundaron ayer la manifestación unitaria convocada por los organizaciones sindicales UGT, CCOO, CSI-CSIF, STE-PV Y Cemsatse para exigir al Gobierno que abra la negociación colectiva para debatir la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación del salario de los empleados públicos en el año 1997.
Los manifestantes recorrieron las calles de Castellón desde la plaza de la Independencia hasta la plaza de María Agustina, frente a la subdelegación del Gobierno, donde se leyó un comunicado contra la decisión del Ejecutivo de José María Aznar de recurrir el fallo judicial ante el Tribunal Supremo y no sentarse a negociar con los representantes sindicales.
En la manifestación, los empleados públicos portaban pancartas reivindicativas con los lemas «Revisión salarial, ejecución de la sentencia ya» y «Congele su sueldo señor Aznar». Los funcionarios reclamaron de esta forma el incremento de 2,6 puntos previsto en el acuerdo sindical pactado con el Gobierno el año 97, así como los retrasos acumulados durante todo ese período más la subida del IPC correspondiente.
Según los cálculos sindicales, la Administración debe abonar a los 18.000 funcionarios de Castellón una media de 300.000 pesetas a cada uno en cumplimento de la sentencia..
El responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV, Miguel Ángel Mora, destacó la importancia de la manifestación para defender los servicios públicos porque, según denunció, «existen más empleados interinos en la Administración que en la empresa privada, lo que va en contra de la calidad del servicio público».
Por su parte, el secretario general del CSIF, Fernando Puig, expresó su preocupación porque «desde la Administración se utilice la poca capacidad de movilización de los funcionarios como ara para decir que estamos de acuerdo con la congelación salarial».
En otro orden de cosas, la Federación Local de Castellón de la CGT se desmarcó ayer, a través de un comunicado, de las movilizaciones. En este sentido, denunció que «se utiliza a los empleados públicos como arma arrojadiza para forzar al Gobierno y a la Generalitat a que cumplan una sentencia que no es firme, con lo que se da la impresión de reivindicar únicamente dinero cuando existen problemas tan acuciantes como la rescisión de contratos a 20.000 trabajadores interinos de la Generalitat».