Los sindicatos de la Función Pública han encontrado otro motivo para irritarse con el Gobierno. El Ejecutivo ha decidido aprobar en el próximo Consejo de Ministros, o en el de la semana que viene, una Oferta de Empleo Público para este año que, con algunas excepciones, mantiene las restricciones de ingresos en la Administración Central del Estado.

Esto supone que sólo se autoriza la sustitución en 2001 del 25% de los empleados públicos que por jubilaciones, u otras causas, causaron baja en la Administración el año pasado. Esta decisión también afecta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Para este año, el Gobierno ha sacado nuevas plazas en el aparato del Estado para 2.519 personas, frente a las 10.065 que dejaron la Administración el año pasado. Junto a ello, el Gobierno se ha comprometido con los sindicatos a transformar en indefinidos el empleo de unos 10.500 interinos y contratados laborales.

Excepciones

De las restricciones de personal, quedan exentas las Fuerzas armadas, de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia y la Enseñanza, aunque, en este último caso, sólo son veintidós las plazas convocadas, por el traspaso de competencias a las comunidades autónomas. También se salvan de esta restricción los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes.

El planteamiento del Ejecutivo de que sólo consultaba la oferta, pero no aceptaba ninguna propuesta de los sindicatos -CCOO, UGT y CSIF-, causó la irritación de éstos que decidieron no acudir el lunes pasado a la reunión convocada por el Ejecutivo.