NOTICIA DEL LEVANTE
El Consell recurre a una consultora catalana para hacer la nueva ley de la función
pública. La Conselleria de Administraciones Públicas dice que el informe pedido es «uno
más».
La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha recurrido a una fundación
privada afincada en Barcelona para que la asesore en la elaboración de la nueva ley de la
función pública valenciana. La firma en cuestión ha elaborado una propuesta de reforma
que desde hace días está sobre la mesa del despacho del conseller Carlos González
Cepeda. No obstante, fuentes de la conselleria aseguran que la decisión no está tomada y
que se está consultando con más expertos.
JULIA RUIZ .Valencia
La reforma de la ley de la función pública valenciana fue uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno que preside Eduardo Zaplana cuando éste encaró su segundo mandato tras las elecciones autonómicas del 13-J. Los sucesivos titulares de la Conselleria de Administraciones Públicas y Justicia: primero, Serafín Castellano, y, tras la remodelación del Ejecutivo, Carlos González Cepeda, han reiterado en numerosas ocasiones que la reforma de la ley es un objetivo básico en su departamento.
Al margen de las declaraciones políticas, la conselleria organizó el pasado mes de mayo unas jornadas monográficas en las que políticos, sindicatos y expertos aportaron elementos para el debate. El fin último de este encuentro consistía en la elaboración de un libro blanco que sirviera de base a la reforma de la ley. No obstante, los responsables de la conselleria han considerado oportuno recabar asesoramiento en la empresa privada.
Según ha podido saber Levante-EMV, la Dirección General de la Función Pública ha encargado a una fundación privada afincada en Barcelona una propuesta que sirva de base al articulado de la normativa. En concreto, se trata de Esade, una prestigiosa firma que se dedica básicamente a dar cursos de formación de alto nivel a altos funcionarios de las administraciones públicas, al tiempo que funciona como consultora. Entre sus clientes más importantes se encuentra la Generalitat de Cataluña. En la pasada legislatura también impartió cursos de formación para altos funcionarios de la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Administraciones Públicas. Según fuentes del sector consultados por este diario, los márgenes de precios en los que se mueve esta empresa son bastante elevados.
El informe se halla desde hace unas semanas en los despachos del conseller y del director de la Función Pública, Joaquín Segarra, aunque su contenido no ha trascendido. Fuentes de la conselleria confirmaron la existencia del informe, aunque restaron importancia al mismo ya que aseguraron que se trata tan sólo de «uno más» de los muchos que se han solicitado a expertos en la materia. Insistieron en que el estudio no es vinculante y que todavía no hay ninguna decisión tomada en torno a la reforma de la ley. En este sentido, se remitieron al anunciado libro blanco de la función pública que la conselleria prevé que esté listo a primeros de año.
Retraso en legislar
Con todo, parece lógico prever que la ley tardará bastante más en ser realidad. Cabe apuntar que el anteproyecto de estatuto básico de la función pública elaborado por el Gobierno central todavía no ha sido debatido en el Congreso de los Diputados. Tras cuatro borradores diferentes, el Gobierno de José María Aznar remitió el texto a las Cortes Generales. No obstante, el Parlamento se disolvió antes de abordar el asunto con motivo de los comicios generales, por lo que el trámite debe iniciarse otra vez. Así las cosas, lo normal es que el Consell espere a la reforma de la normativa estatal, sobre todo si se tiene en cuenta que los grandes temas son competencia del Estado.
De hecho, el margen de maniobra que tiene la conselleria en este ámbito es más bien reducido. De ahí, que los sindicatos hayan recibido con bastante frialdad el compromiso del Gobierno de reformar la ley valenciana. Apuntan que la mayoría del articulado se rige por el estatuto básico, por lo que interpretan en clave electoralista el anuncio de reforma. Pese a ello, sí hay asuntos en los que el Consell puede acuñar su sello. Así, puede regular la creación de cuerpos profesionales y abordar la profesionalización de los puestos directivos, de tal manera que éstos estuvieran reservados a los funcionarios. También tiene competencias para modificar las jornadas laborales.