En Sevilla, a 27 de julio de 1999,
REUNIDOS
De una parte,
la Excma. Sra. Dª. Carmen Hermosín Bono, Consejera de Gobernación y Justicia,
con la representación legal que por su cargo tiene atribuida;
De otra,
D. Antonio Tirado Blanco, Secretario General de la Federación de Servicios
Públicos de UGT de Andalucía; D. Juan Manuel Velardo Hernández, Secretario
de Acción Sindical de la Federación Sindical de Administración Pública
de CC.OO. de Andalucía; y D. Manuel Salvador Plaza, Presidente Territorial
del Sector Autonómico de CSI-CSIF de Andalucía; con la representación
legal que por sus cargos tienen atribuida;
EXPONEN
La firma
en febrero de este año del Acuerdo sobre reducción de la jornada de trabajo
a 35 horas como medida de creación de empleo ha significado un paso capital
en nuestra Administración general. Si bien la creación de empleo era el
objetivo principal del Acuerdo, también contemplaba la necesidad de dar
solución a distintos problemas de inestabilidad y precariedad que afectan
a diversos colectivos de la Administración general de la Junta de Andalucía.
De esta forma,
hay que abordar la regulación de materias propias de empleo público que
se ven afectadas por la singularidad de la reducción de la jornada de
trabajo a 35 horas.
No
se puede olvidar en el momento actual la situación del personal interino
acogido al acuerdo de estabilidad, para el cual es necesario volver a
ratificar el compromiso de estabilidad.
La realización
de tan importantes objetivos, en el ámbito del personal laboral, requiere,
además, la articulación de los mecanismos necesarios que hagan posible
su consecución de la forma más ágil. Por ello resulta imprescindible,
de un lado, que los procesos de provisión que se deriven de la Oferta
de 1999 se puedan compatibilizar en su puesta en marcha con los pendientes
de la Oferta correspondiente a 1996, en el mismo orden de ejecución para
los procesos actualmente vigentes y exceptuando los ya convocados y resueltos;
y de otro, sentar las bases para que la consolidación prevista en el V
Convenio vaya aparejada con la creación de nuevo empleo.
De esta forma,
hay que tener presente las materias propias de empleo público del personal
laboral que se ven afectadas por la singularidad de la reducción de la
jornada de trabajo a 35 horas desde el doble punto de vista de la creación
y provisión de nuevos puestos, de la estabilización de situaciones preexistentes.
El V Convenio
Colectivo, en su artículo 18.3 y en la Disposición Transitoria Cuarta,
apartado 3º, ya preveía esos objetivos generales, expresivos de la voluntad
de los firmantes de formular acuerdos como los que ahora se pretende materializar,
conteniendo, incluso, compromisos concretos para determinados colectivos
como los recogidos en la Disposición Transitoria Segunda; y señala las
vías necesarias para llevar a cabo todo lo necesario tal como se desprende
de los propios preceptos mencionados y de las facultades otorgadas en
artículo 14.2 y 8.3 a la Comisión del Convenio.
En consecuencia,
las partes firmantes, han adoptado el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.
Sistemas de selección del personal funcionario.
Para la Oferta
de empleo público correspondiente a 1999 seguirán aplicándose los sistemas
de selección establecidos en el Decreto 214/1997, de 23 de septiembre.
Sin perjuicio
de lo establecido en el párrafo anterior, las partes firmantes acuerdan
desarrollar el sistema de concurso-oposición como sistema preferente de
selección del personal funcionario de carrera en los futuros procesos
según lo acordado en la reunión de la Mesa Sectorial de Administración
general de 19 de mayo de 1999, con la necesaria y oportuna modificación
normativa que corresponda.
SEGUNDO.
Promoción interna del personal funcionario.
Para la Oferta
de empleo público de 1999 las plazas que se ofrezcan para promoción interna
serán independientes de aquéllas que se oferten para el acceso libre,
cuantificándose en el 50% de las que efectivamente se oferten al acceso
libre. Las convocatorias también serán independientes.
Sin perjuicio
de lo establecido en el párrafo anterior, las partes firmantes se comprometen
a negociar en Mesa Sectorial la articulación de los procesos futuros de
promoción interna, así como, en su caso, las pruebas a realizar, todo
ello con el contenido y alcance del Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo
en la Administración general de la Junta de Andalucía, de 26 de febrero
de 1996, así como la cuantificación de plazas que se destinen a la misma,
que será el mayor número posible atendiendo las expectativas de promoción
del personal.
TERCERO.
Provisión de puestos por concurso del personal funcionario.
En el
baremo que se aplique para la provisión de puestos de trabajo por concurso
se negociará la corrección oportuna de forma que se module la valoración
del trabajo desarrollado en forma diferente a la de funcionario de carrera,
al objeto de que los procesos de consolidación, y sus resultados y efectos,
sean compatibles y garanticen el derecho a la carrera administrativa de
los funcionarios, así como el movimiento continuo de funcionarios en una
misma Consejería u Organismo autónomo en el período de los dos años desde
la obtención por concurso del último puesto.
La Administración
se compromete a proponer al Consejo de Gobierno las reformas normativas
que fueran necesarias. En los próximos concursos que se convoquen
por cada Consejería se ofertarán todos los puestos vacantes u ocupados
provisionalmente y susceptibles de ser convocados, siempre que
su reserva no obedezca a justificados motivos de organización de la Consejería
y de la planificación de sus recursos humanos.
En materia
de provisión de puestos con carácter provisional por el sistema del artículo
30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y con objeto de conseguir una
mayor objetividad, se establecerá un sistema regulado basado en un baremo
sencillo que será de aplicación en todos los casos.
CUARTO.
Convocatorias para el proceso de funcionarización.
Las convocatorias
para el proceso de funcionarización se ajustarán a lo establecido en la
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre
y su publicación será durante el presente año, acordándose con las organizaciones
sindicales firmantes el tipo de pruebas a realizar. |